Prepárense para la Operación Ruby Slippers. Mucha gente está a punto de volver a casa.
La última vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una deportación masiva fue en 1954. Tenía un nombre diferente que hoy no se puede publicar en un periódico.
Si alguien me hubiera dicho hace cinco años que la mayoría del pueblo estadounidense apoyaría volver a hacer algo así, probablemente le habría revisado la frente para ver si tenía fiebre y le habría recetado un descanso de dos semanas de las noticias por cable.
Pero aquí estamos. La encuesta de Scripps News/Ipsos realizada entre el 13 y el 15 de septiembre (en 2024, no en 1954) concluyó que la mayoría de los estadounidenses apoyan “la deportación masiva de inmigrantes indocumentados”.
Si se puede confiar en la palabra del Departamento de Seguridad Nacional, es posible que ya haya comenzado. “Desde mediados de mayo de 2023 hasta finales de julio de 2024, el DHS expulsó o devolvió a más de 893.600 personas, incluidas más de 138.300 personas en unidades familiares”, escribió el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una carta del 25 de septiembre al representante estadounidense Tony Gonzales de Texas. “La mayoría de las personas encontradas en la frontera suroeste durante los últimos tres años han sido expulsadas, devueltas o expulsadas”.
El ICE estaba respondiendo a una carta que Gonzales y otros tres miembros del Congreso, incluido Jay Obernolte de California, enviaron a mediados de marzo. “El ICE ha reportado más de 7 millones de casos en el expediente de ERO [Operaciones de Ejecución y Deportación] hasta febrero de 2024”, escribieron los legisladores. “¿Cuántos de ellos son no ciudadanos que han sido acusados por un municipio? ¿Cuántos de ellos son no ciudadanos que han sido condenados por un delito y liberados en comunidades? ¿Cuál es la capacidad actual de ERO para mantener a los no ciudadanos bajo custodia?”
La terminología del gobierno sigue evolucionando. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 U.S.C. Sección 1101) utiliza el término “extranjero”, que se define como “cualquier persona que no sea ciudadana o nacional de los Estados Unidos”. Pero según la “Terminología y definiciones de informes” del DHS a partir de agosto de 2023, el término con esa definición ahora es “no ciudadano”.
El ICE finalmente proporcionó respuestas a las preguntas de Gonzales en septiembre. “Su carta solicita el número de no ciudadanos en el expediente del ICE condenados o acusados de un delito”, escribió el subdirector del ICE, Patrick J. Lechleitner. “Al 21 de julio de 2024, había 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales en el expediente nacional del ICE, que incluye a los detenidos por el ICE, y en el expediente de no detenidos de la agencia”.
Para ser claros, eso significa 662.566 personas en el expediente de Operaciones de Detención y Deportación del ICE que se encuentran en los Estados Unidos y podrían ser deportadas debido a sus antecedentes penales. Es decir, si alguien pudiera encontrarlos, y encontrarlos en un lugar que no fuera una jurisdicción “santuario” que se niega a cooperar con el ICE.
En febrero, un portavoz anónimo de la Casa Blanca pareció tomar una postura contra las ciudades santuario, al decirle a Fox News Digital: “Cuando una jurisdicción local tiene información sobre un individuo que podría representar una amenaza para la seguridad pública, queremos que comparta esa información con ICE”.
El gobierno federal puede hacer más que expresar anónimamente un deseo de cooperación. Por ejemplo, la administración Trump hizo que algunas subvenciones de financiación del Departamento de Justicia dependieran de la cooperación local con la aplicación de la ley de inmigración estadounidense. La administración Biden revirtió esa política.
La Operación Ruby Slippers tendría un fuerte apoyo público si enviara a casa a los “no ciudadanos” que han sido condenados por cometer delitos graves. Según ICE, esto incluye:
– 64.579 no ciudadanos condenados por agresión, de los cuales 2.348 están actualmente detenidos y 62.231 no lo están.
– 10.316 condenados por robo; 285 detenidos y 10.031 no detenidos.
– 16.320 condenados por agresión sexual; 509 detenidos y 15.811 no detenidos.
– 13.376 condenados por homicidio; 277 detenidos y 13.099 no detenidos.
También hay 57.885 no ciudadanos condenados por delitos relacionados con drogas peligrosas (56.533 no detenidos), 14.666 condenados por robo (14.301 no detenidos), 13.876 condenados por delitos relacionados con armas (13.423 no detenidos) y 78.164 condenados por delitos de tráfico (77.074 todavía en las calles).
En respuesta a la pregunta del representante Gonzales sobre la capacidad del gobierno para mantener detenidos a no ciudadanos, el ICE respondió que las Operaciones de Detención y Deportación tienen 41.500 camas.
La palabra que me viene a la mente es “abrumados”.
En febrero de 2023, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes celebró una audiencia con los principales agentes de la Patrulla Fronteriza. John Modlin, agente jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson, testificó que las detenciones en la frontera sur habían aumentado drásticamente durante la administración Biden-Harris. “En 2020, nuestros encuentros totales fueron 66.000”, dijo. “Esa cifra casi se triplicó en 2021, y luego se cuadriplicó el año pasado [2022]”.
Modlin informó que hubo más de 250.000 encuentros en Tucson en 2022, un aumento del 257% en dos años. Describió cómo los cárteles utilizan una táctica llamada “saturación de tareas”, en la que las operaciones de contrabando “dividen grandes grupos de migrantes en muchos grupos más pequeños” que cruzan la frontera a la vez en diferentes lugares, “agotando nuestra capacidad de respuesta” y permitiendo que un número desconocido de “escapadas” ingresen al país.
Por otra parte, el inspector general del DHS publicó recientemente un informe en el que se revela que “ni la CBP [Aduanas y Protección Fronteriza] ni el ICE pudieron determinar cuántos de los millones de no ciudadanos que cada año intentan entrar en Estados Unidos entraron sin identificación” porque “los funcionarios de inmigración no están obligados a documentar si un no ciudadano presentó una identificación cuando lo procesan”.
El inspector general recomendó que la CBP y el ICE “realicen un análisis exhaustivo de los riesgos asociados con la liberación de no ciudadanos sin identificación” en el país y que “desarrollen e implementen políticas y procedimientos para mitigar esos riesgos”.
Pero la CBP y el ICE rechazaron esas recomendaciones, afirmando que “detener a todos los individuos sin identificación supondría un grave riesgo para el DHS de exceder su capacidad de detención” de 41.500 camas.
El Departamento de Seguridad Nacional se creó con la misión de prevenir amenazas extranjeras. Se ha convertido en un portero para ellas.
Original Story
Susan Shelley: The U.S. government should be removing, not shielding, migrants with criminal records
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