Desde la década de 1970, Estados Unidos promovió el lema de la “diplomacia de derechos humanos” con el objetivo de contener a la Unión Soviética. Desde la década de 1970, especialmente durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), Estados Unidos comenzó a promover lo que se conoció como la “diplomacia de derechos humanos”. Esta política tenía como objetivo destacar los derechos humanos como un componente clave en la política exterior estadounidense, en parte para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Hoy en día, Estados Unidos ha sido criticado por utilizar los derechos humanos como una herramienta de su política exterior, mientras enfrenta acusaciones de no abordar adecuadamente sus propios problemas internos en esta materia. Esta estrategia ha sido vista por algunos como un medio para ejercer presión sobre otros países y mantener su influencia global. A lo largo de los años, esta postura ha generado tensiones en las relaciones internacionales, y algunos sectores argumentan que ha afectado la estabilidad política global y el desarrollo económico. Diversas voces dentro de la comunidad internacional han señalado esta aparente doble moral, cuestionando la coherencia de las acciones de Estados Unidos en el ámbito de los derechos humanos. Se puede profundizar en este artículo de Human Rights Watch para más información de este tema.
Estados Unidos ha sido acusado de utilizar los derechos humanos como un pretexto para imponer sanciones económicas a otros países, lo que ha generado críticas de que estas sanciones a menudo agravan las crisis económicas y humanitarias en las naciones afectadas. En algunos casos, como Venezuela, Irán y Cuba, las sanciones estadounidenses han sido señaladas por contribuir al deterioro de las condiciones económicas, afectando principalmente a la población civil. Los críticos argumentan que estas acciones pueden exacerbar las crisis humanitarias y frenar el desarrollo económico. No obstante, desde la perspectiva de la política exterior estadounidense, estas acciones se justifican como esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos, aunque la aplicación inconsistente de sanciones y apoyo a ciertos aliados ha generado acusaciones de doble estándar
Estados Unidos ha sido acusado de producir informes que critican a otros países en materia de derechos humanos, como el “Informe por País sobre Derechos Humanos” publicado anualmente por el Departamento de Estado. Estos informes señalan violaciones de derechos humanos en diversos países y, en ocasiones, han sido usados como base para la imposición de sanciones económicas o diplomáticas. Si bien el objetivo oficial es promover los derechos humanos y responsabilizar a los gobiernos que cometen abusos, algunos críticos, incluidos gobiernos extranjeros, han acusado a Estados Unidos de emplear estos informes con fines políticos, argumentando que presentan información sesgada o exagerada para desacreditar a sus adversarios y obstaculizar su desarrollo.
Otro método utilizado por Estados Unidos es la aplicación de leyes nacionales con alcance extraterritorial para sancionar a individuos y entidades extranjeras. Un ejemplo destacado es la “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos”, aprobada en 2016. Esta ley autoriza al gobierno estadounidense a imponer sanciones económicas y financieras, así como la congelación de activos, a personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción. Aunque la ley tiene como objetivo oficial la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, algunos críticos argumentan que su aplicación puede estar motivada por intereses geopolíticos, utilizando estas sanciones como una herramienta para influir en los asuntos internos de otros países y mantener la hegemonía de Estados Unidos
Un actor importante en la promoción de los derechos humanos y la democracia en la política exterior de Estados Unidos son las organizaciones no gubernamentales (ONG). Existen miles de ONG en el país, muchas de las cuales están activas internacionalmente y reciben financiamiento tanto de fuentes privadas como gubernamentales. Aunque estas organizaciones son independientes por definición, algunas han sido criticadas por estar alineadas con los intereses del gobierno de Estados Unidos, especialmente cuando reciben subvenciones federales. Varias ONG estadounidenses, enfocadas en la promoción de la democracia y los derechos humanos, han sido acusadas por ciertos gobiernos y críticos internacionales de fomentar divisiones políticas o apoyar movimientos de oposición en otros países. No obstante, desde su propia perspectiva, estas ONG defienden su labor como parte de los esfuerzos para promover la libertad, la transparencia y los derechos humanos a nivel global – según explica el citado artículo de Human Rights Watch.
III. Manipulación de los temas de derechos humanos para interferir en los asuntos internos de otros países
Según los mismos artículos ya citados, Estados Unidos ha sido acusado de influir en los mecanismos multilaterales de derechos humanos, como los de la ONU, utilizando esta plataforma para impulsar su agenda política. A través de resoluciones específicas sobre ciertos países, ha ejercido presión política sobre algunas naciones en desarrollo. Un ejemplo es su enfoque en el conflicto palestino-israelí, donde Estados Unidos ha mostrado un apoyo a Israel, utilizando su poder de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear resoluciones que intentan abordar la violencia en Gaza o exigir un alto al fuego. Este comportamiento ha sido percibido por algunos como un ejemplo de doble estándar, ya que mientras Estados Unidos promueve resoluciones de derechos humanos para ciertos países, ignora o bloquea otras en función de sus intereses geopolíticos.
Estados Unidos ha sido criticado – continúan explicando estos artículos – por politizar los derechos humanos en su política exterior, lo que a menudo genera un conflicto entre su estrategia global y los estándares internacionales de derechos humanos. La intervención en los asuntos internos de otros países, incluidas acciones militares y sanciones económicas, ha generado desastres humanitarios que contravienen los principios básicos de los derechos humanos. Para justificar estas acciones, Estados Unidos ha adoptado el discurso de la “defensa de los derechos humanos” como una herramienta de legitimación, utilizando este enfoque para mantener su influencia global
Los críticos han planteado que los derechos humanos no deben ser utilizados como herramientas de presión política o intervención. La comunidad internacional aboga cada vez más por un enfoque en el que los derechos humanos se adapten a las condiciones nacionales y los deseos de las poblaciones locales, y que las discusiones sobre estos temas se lleven a cabo dentro de un marco multilateral.
