Entre señalamientos, retos y exigencias ciudadanas asumió ayer la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029. A pesar de los cuestionamientos contra varios de los togados, persiste la esperanza por un sistema independiente y comprometido con la democracia y el Estado de derecho, coinciden analistas y dirigentes sociales.
Los expertos indicaron que los guatemaltecos confían en que estas nuevas autoridades logren un verdadero cambio por el bien de todos los ciudadanos.
Tienen como principales retos, entre ellos quienes se harán cargo de las Salas de Apelaciones, recuperar la credibilidad y rescatar la justicia, reducir la mora judicial y mejorar la calidad de las resoluciones, detallan los consultados.
A defender la soberanía
En la toma de posesión de los togados participó el mandatario Bernardo Arévalo y el titular del Congreso, Nery Ramos, como representantes de los organismos Ejecutivo y Legislativo,
respectivamente.
Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, dijo: “Los invito a que nos inscribamos en la historia de Guatemala”. Luego, hizo un llamado a superar estereotipos que fomentan la confrontación y propuso buscar consensos para fortalecer la independencia y soberanía de la nación, en la que los tres poderes del Estado sean los protagonistas.
El magistrado agregó que los togados son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes.
Lucero Paz manifestó que su compromiso es velar porque ese organismo cumpla con llevar una justicia independiente a los guatemaltecos.
Asimismo, aseguró: “La justicia de Guatemala está en buenas manos. Yo prefiero que sean mis actos y mis hechos los que hablen por mí, en lugar de mis palabras”.
Por su parte, el titular saliente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Cruz, aseguró que durante los 10 meses al frente del OJ se impulsaron acciones, desde el acceso a la justicia, particularmente en aquellas comunidades abandonadas.
Además, destacó que los ejes fundamentales de su mandato fueron la celeridad, transparencia y la accesibilidad en los procesos judiciales.
Grandes desafíos
Édgar Ortiz, abogado y experto en derecho constitucional, comentó que las nuevas Cortes tienen desafíos importantes, entre ellos recuperar la credibilidad en la justicia, que está en entredicho por todas las acciones que se han observado en los últimos años contra operadores de justicia, periodistas y defensores humanitarios.
Ahora les corresponde demostrar que tienen un compromiso no solo con la imparcialidad, sino por la ineficiencia del sistema, que está sobrecargado y lento, que no responde a las necesidades de la población.
“En los ranquin aparece nuestra justicia civil entre las cuatro peores del mundo y la penal, entre las 15 más deficientes. Rescatarlas de esa ineficiencia también es un reto”, afirmó Ortiz.
Quedaron en deuda
Las Cortes salientes dejaron una deuda enorme, en términos de la poca capacidad de respuesta del sistema, por el poco interés que hubo en recuperar la justicia. Quizá, la saliente tiene muy poca responsabilidad porque estuvo 10 meses en el cargo; pero la anterior, que permaneció casi 9 años, dejó mucho que desear, añadió el experto.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideró que la población espera que las Salas de Apelaciones mejoren la calidad de las resoluciones y la temporalidad en la que se emiten las mismas, y que la mora judicial baje a niveles aceptables.
Quezada agregó que lo mismo ocurre con la CSJ, que también maneja un lado jurisdiccional. Por parte de la actividad administrativa se espera que implementen mecanismos para facilitarle a toda la administración de justicia una ruta donde, en conjunto, se pueda hacer mejor calidad de fallos y en el menor tiempo posible.
Además, mencionó que otro reto es el tiempo para emitir dictámenes, la logística en la interacción que hay entre los juzgados y el resto de administración de justicia, para ir abreviando los tiempos. Asimismo, el analista señaló que para que puedan hacer una demostración objetiva sobre su gestión, tienen que plantear una línea base de cómo encontraron todo y, después de los cinco años, demostrar que han mejorado en todos los índices.
“Deben tener parámetros de medición, para que se pueda decir realmente si avanzó o retrocedió la justicia en Guatemala”, puntualizó Quezada.
Igualdad e independencia
Por su parte, Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), dijo que lo que esperan los guatemaltecos es que los magistrados respeten fundamentalmente el principio de independencia judicial y que le den a todo el mundo el trato de igualdad en la aplicación de la ley.
Añadió que entre los principales desafíos está la presa tan elevada que tienen de retraso. Recomendó que la activen, que no retarden la administración de justicia y que sea como exige la Constitución Política de la República.
De acuerdo con el experto, a la población no le queda nada más que confiar en los magistrados, darles el beneficio de la duda y esperar que cumplan su función correctamente.
“Mientras, los togados deben desvirtuar las acusaciones que se les hace de vinculación con el pacto de corruptos”, indicó.
Oportunidad
La defensa de la democracia de Guatemala es una de las tareas que deben desempeñar los magistrados a Cortes electos, indicaron en conferencia de prensa representantes de ocho organizaciones religiosas.
Los nuevos togados de la CSJ y de Salas de Apelaciones tienen la oportunidad de darle un nuevo giro a la administración de justicia y decirle no a la impunidad, indicó Héctor Midence, del Consejo Ecuménico.
Midence afirmó que hubo oscuras maniobras para la elección de los magistrados, lo que permitió que pasaran candidatos de poca idoneidad, “aun cuando las comisiones de postulación fueron presididas por excelentes profesionales.
Sin embargo, los religiosos esperan que los encargados de conducir la justicia del país en los siguientes cinco años hagan un buen trabajo en defensa del bien común y no al servicio de la mafia o de la impunidad.
Las organizaciones y el pueblo en general deben darle seguimiento en este nuevo período al trabajo que efectuarán los nuevos togados, expresaron los religiosos. La ceremonia de toma de posesión de la nueva CSJ se efectuó en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina.
En el acto participaron, además de Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros de Estado, diputados, Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país y otros invitados especiales.
Antes de esta ceremonia, fueron juramentados los togados de las Cortes de Apelaciones en el Palacio de Justicia, quienes también acudieron a la toma de posesión en el mencionado recinto.
Bajo observación
Del total de 13 abogados que tomaron posesión en la Corte Suprema de Justicia, solamente fueron reelectos tres del período saliente: Claudia Paredes Castañeda, Gustavo Morales Duarte y René Girón Palacios.
El proceso de elección de la nueva CSJ estuvo vigilado por una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a petición del jefe de Estado, debido a la importancia de la designación para el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.
Ello, debido a la manipulación sufrida en la elección de los togados de 2014 y también de 2019, documentada en investigaciones y procesos judiciales.
La designación de los 13 magistrados de la Corte actual se decidió finalmente la semana antepasada en el Congreso de la República, de un total de 26 postulantes finalistas. Los aspirantes fueron depurados por parte de la Comisión de Postulación, que empezó su trabajo en agosto pasado.
Un informe preliminar de la misión de la OEA, que vigiló el proceso, determinó en septiembre último que existieron algunas irregularidades en la designación de los postulantes, como por ejemplo descartar cualquier queja a la honorabilidad de los aspirantes. La sociedad civil y entidades projusticia también denunciaron anomalías.
