Entre las diversas medidas de emisión de bonos, cambios en las pensiones y otras decisiones de financiación que los votantes de San Francisco decidirán en este ciclo electoral se encuentra la Proposición G, una medida que crearía una fuente permanente de financiación para viviendas asequibles que actualmente no existe.
La Proposición G establecería el “Fondo de Oportunidades de Vivienda Asequible para Personas Mayores, Familias y Personas con Discapacidades”. El fondo garantizaría que el dinero se destine a dos programas de subsidios que actualmente se financian principalmente a través de subvenciones estatales y federales.
Un programa de subsidios proporciona asistencia para el alquiler a personas y familias que califiquen y que tengan “ingresos extremadamente bajos” en comparación con el ingreso medio del área, o AMI. El AMI en San Francisco en 2024 fue de $104,900 para una persona, $119,900 para una familia de dos y $149,850 para una familia de cuatro.
Las personas con ingresos extremadamente bajos, según la definición de la escala del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., son aquellas que ganan el 35 % o menos del AMI, que es de $36,700 para una persona, $41,950 para una familia de dos y $52,450 para una familia de cuatro en San Francisco.
El otro programa de subsidios proporciona dinero directamente a los propietarios y a los desarrolladores de viviendas asequibles.
Además de las subvenciones estatales y federales, la ciudad realiza sus propias asignaciones durante su proceso presupuestario anual. El fondo de vivienda asequible reemplazaría la financiación presupuestaria ad hoc con un fondo especial permanente que tendría requisitos de financiación mínimos.
Por lo tanto, podría resultar en menos dinero disponible en el fondo general, pero una financiación más confiable para la vivienda asequible, según el análisis del interventor de la ciudad, Greg Wagner.
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El plan de financiación prevé complementar las fuentes de financiación externas con 8,25 millones de dólares del fondo general en 2025. Esa cantidad aumentaría un 3% cada año hasta el ejercicio fiscal 2045-46, cuando los votantes tendrían que renovar el fondo o expiraría. En su último año, la ciudad estaría obligada a dedicar 14 millones de dólares al fondo de vivienda, escribió Wagner.
La propuesta fue puesta a votación por la alcaldesa London Breed y la Junta de Supervisores, que apoyó unánimemente la medida.
“La Propuesta G supone un paso esencial para cumplir el objetivo de nuestra ciudad de ampliar el acceso a viviendas seguras y asequibles para los hogares de todos los niveles de ingresos”, escribió el presidente de la junta, Aaron Peskin, en el argumento de los proponentes de la votación.
“Mientras que San Francisco está avanzando en la construcción de nuevas viviendas y la modernización de las unidades existentes, también debemos asegurarnos de que nuestros adultos mayores, familias y personas con discapacidades con ingresos más bajos puedan calificar para ellas y no se queden atrás. Esta es una necesidad que los programas federales y estatales existentes no han podido abordar adecuadamente”, escribió Peskin.
Larry Marso, un ex ejecutivo del Comité Central Republicano del Condado de San Francisco, escribió la opinión pública de oposición a la medida. Argumentó que desviar dinero del fondo general obstaculizaría otros servicios de la ciudad y reduciría la discreción de financiación por parte de los funcionarios electos.
“La medida drena recursos críticos de servicios esenciales como la seguridad pública, la infraestructura y la educación”, argumentó Marson. “Comprometer fondos generales para subsidios dudosos desestabiliza aún más las finanzas de la ciudad, causando recortes automáticos en otras áreas”.
La Propuesta G necesita la aprobación de la mayoría para su aprobación.
