El parole humanitario para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua ha llegado a su temido fin después de dos años. El Gobierno de Joe Biden anunció este viernes que no prorrogará el programa para estas cuatro nacionalidades cuando caduque a finales de este mes para los venezolanos y en enero del año que viene para el resto. La decisión del demócrata obligará a medio millón de personas a buscar otros métodos para permanecer en el país o enfrentarse a la deportación en los próximos meses.
La Administración Biden puso en marcha el programa en octubre 2022 para ofrecer una vía legal para los miles de inmigrantes venezolanos que estaban arribando a Estados Unidos de forma irregular. Desde entonces, unos 117.000 venezolanos han recibido la protección del parole humanitario y han entrado al país con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente.
Tres meses después, en enero de 2023, el Gobierno amplió el programa para incluir a Haití, Nicaragua y Cuba, cuyos ciudadanos también estaban cruzando la frontera sur en cifras récord en aquel memento. Dos años después, en total, unos 530.000 inmigrantes residen actualmente en el país gracias a este programa, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de finales de agosto. De ese total, unos 210.000 son haitianos, 117.000 venezolanos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.
Ahora, todos ellos podrían enfrentarse a la deportación en los próximos meses en pleno ciclo electoral. “Su parole terminará automáticamente al final de su período de libertad condicional (hasta dos años desde el día en que recibió parole en Estados Unidos). Si no ha solicitado un estatus legal o un periodo de estancia autorizada, tendrá que salir de Estados Unidos antes de que expire su periodo de parole, o puede que se le someta a un procedimiento de expulsión”, se puede leer en una actualización de la página web del DHS para este programa (conocido oficialmente como CHNV). “Si no se le ha concedido un estatus legal o un período de estancia autorizada, puede comenzar a acumular presencia ilegal en Estados Unidos”.
Aunque el programa se concibió como una medida temporal y no garantizaba la residencia legal permanente ni significa una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios, organizaciones de defensa de los inmigrantes esperaban que el presidente ampliara las protecciones más allá de los primeros dos años. Especialmente porque ya lo hizo con programas de re-parole para miles de ucranianos y afganos y porque desde la implementación de la medida, las autoridades fronterizas han reportado una caída del 99% en los encuentros con inmigrantes procedentes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Sin embargo, el parole ha sido objeto de críticas, especialmente en los últimos meses de la campaña presidencial. Donald Trump y sus aliados han atacado a Biden y a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris por poner en marcha un programa que, según el expresidente, es ilegal porque es un abuso de la autoridad ejecutiva presidencial. Antes de la decisión de la Administración Biden, el candidato republicano ya había prometido en varias ocasiones que se desharía del programa si es reelegido en noviembre. “Prepárense para irse”, dijo en una entrevista con Fox News hace una semana.
El programa continuará recibiendo nuevas aplicaciones de solicitantes de estos cuatro países, pero de ahora en adelante las protecciones se limitarán a un periodo de dos años sin posibilidad de ser renovadas.
Otras vías legales para permanecer en el país
Algunos de los que han llegado bajo el parole pueden ser elegibles para permanecer en Estados Unidos legalmente a través de otros programas. Por ejemplo, ciudadanos venezolanos y haitianos pueden optar al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) si llegaron al país antes del 4 de junio de 2024 y del 31 de julio de 2023, respectivamente. Actualmente, 344.335 venezolanos y 200.005 haitianos residen en Estados Unidos bajo el programa de TPS, aunque esta protección también podrían expirar en los próximos dos años: en septiembre de 2025 para inmigrantes de Venezuela y en febrero de 2026 para los de Haití.
Por su parte, los ciudadanos cubanos pueden solicitar un permiso de residencia o green card bajo la Ley de Ajuste Cubano, una legislación de 1966 que permite a estos inmigrantes pedir la residencia permanente después de haber estado un año en el país.
Para los 93.000 nicaragüenses cuyo parole expirará en enero la situación es más complicada. Este grupo no forma parte de la lista de 16 países incluidos en el programa de TPS; la última vez que fueron incluidos fue a finales de la década de 1990. Por tanto, tendrían que solicitar asilo, lo cual será complicado con las nuevas restricciones que ha implementado la Administración demócrata.
Quienes no opten por ninguna de estas opciones podrían enfrentarse a un proceso de deportación. Sin embargo, no está claro cómo se llevarían a cabo estas expulsiones, ya que los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela rechazan o limitan actualmente las deportaciones estadounidenses. Haití sí las permite.
