Una característica clave y común de los discursos de campaña de Donald Trump es su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación” de inmigrantes no autorizados de la historia de Estados Unidos, de ser reelegido en noviembre.
El candidato republicano a la presidencia no ha tenido pelos en la lengua ni ha disminuido la retórica. “Y ya sabes que sacarlos será una historia sangrienta”, dijo Trump el mes pasado en Mosinee, Wisconsin. “[A los inmigrantes indocumentados] nunca se les debería haber permitido entrar en nuestro país. Nadie los controló”.
Los comentarios de Trump han generado mucho debate. Los escépticos se han preguntado: ¿Puede un presidente deportar legalmente a millones de inmigrantes? Y sí, muchos expertos han llegado a la conclusión de que no hay muchas barreras legales que impidan a Trump hacerlo.
La logística y los costos de una operación de tal envergadura son los que más interrogantes han suscitado. Dado lo irreal que parece la idea, es natural descartarla como otra locura más de Trump, otro de sus incomprensibles pronunciamientos.
Un grupo de investigadores del American Immigration Council calculó el costo total que ocasionaría su plan de deportaciones masivas, tomando al ex presidente en serio y asumiendo que podrá llevarlo a cabo. En un informe publicado esta semana, la organización calcula que deportar a 13 millones de inmigrantes indocumentados costaría a Estados Unidos 315.000 millones de dólares.
“Mientras algunos políticos tratan las deportaciones masivas como una operación sencilla, el informe desglosa el proceso y explica cómo redoblar esfuerzos en cada aspecto — desde la detención hasta el procesamiento y la expulsión — requeriría una enorme inyección de recursos y personal a un costo extremo”, explicó Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del grupo.
La cifra estimada de 315.000 millones de dólares se basa en el supuesto de que se realizaría una sola operación de deportación e incluye 89.300 millones de dólares para arrestos, 167.800 millones de dólares para detenciones, 34.100 millones de dólares para procesamientos legales y 24.100 millones de dólares para expulsiones.
Sin embargo, según el informe, una operación a más largo plazo dirigida a deportar un millón de personas al año costaría unos 88.000 millones de dólares anuales, lo que supondría un total de 967.900 millones de dólares en 11 años.
Estos son sólo los impactos directos; los efectos sobre la economía serían igualmente extraordinarios. Deportar a millones de personas reduciría el producto interior bruto estadounidense hasta en un 6,8% y eliminaría el 4,6% de la mano de obra, lo que afectaría gravemente a los sectores de la construcción, la agricultura y la hostelería.
“La deportación masiva eliminaría a más del 30% de los trabajadores de los principales oficios de la construcción, como yeseros, techadores y pintores; a casi el 28% de los clasificadores y seleccionadores de productos agrícolas y a una cuarta parte del personal de limpieza”, señala el informe.
Habría, por supuesto, grandes costos humanitarios. Imagínense las escenas que se desarrollarían en todo el país: Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, miembros de la Guardia Nacional y otros oficiales de policía deteniendo a personas en sus casas o lugares de trabajo. El informe también explica que la deportación masiva separaría a 4 millones de familias de estatus mixto, lo que afectaría directamente a 8,5 millones de ciudadanos estadounidenses.
En Estados Unidos existen antecedentes de expulsiones masivas, entre las que destaca la Operación Wetback del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950. A riesgo de afirmar lo obvio, la escala del plan de Trump no tiene precedentes. Para contextualizar, las deportaciones durante la administración Trump nunca superaron las 350.000. Simplemente no veo de dónde va a sacar el gobierno estadounidense la mano de obra necesaria para duplicar o triplicar esa cifra. A esas alturas del partido se necesitarían trabajadores inmigrantes para deportar inmigrantes.
Me inclino más por adoptar el punto de vista pragmático y admitir que no hay forma de que millones de inmigrantes sean expulsados si Trump llega al poder. Sin embargo, como he argumentado antes, eso no significa que una segunda administración Trump no intente hacerlo y, en el proceso, ocasionaría un daño económico y moral duradero e irreparable al país.
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