A la vista de las rampantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Túnez contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, especialmente las negras; de la inexistencia en Túnez de un sistema de asilo; de la represión del gobierno tunecino contra la sociedad civil, la independencia judicial y los medios de comunicación; y de la imposibilidad de determinar la nacionalidad de manera imparcial e individual o de evaluar las necesidades de protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo mientras se encuentran en el mar, está claro que Túnez no es un lugar seguro para el desembarco de personas interceptadas o rescatadas en el mar. La actual cooperación entre la Unión Europea (UE), los Estados miembros de la UE y Túnez en materia de control migratorio, que incluye la prerrogativa de desembarcar en Túnez a personas rescatadas o interceptadas en el mar —similar a la anterior cooperación con Libia— está contribuyendo a violaciones de derechos humanos.
Las políticas europeas de externalización de la gestión de fronteras a Túnez apoyan a unas autoridades de seguridad que cometen graves violaciones de derechos humanos. También obstaculizan el derecho de las personas a salir de cualquier país y a solicitar asilo, conteniendo a quienes migran y solicitan refugio en países en los que sus derechos humanos peligran. Además, el desembarco en Túnez puede poner en peligro a las personas migrantes y refugiadas y exponerlas a graves daños, así como exponerlas a un alto riesgo de ser expulsadas colectivamente a Libia y Argelia, lo que vulnera el principio de no devolución (non-refoulement). La creación, el 19 de junio de 2024, de la región de búsqueda y salvamento de Túnez solicitada y apoyada por la Comisión Europea, corre el riesgo de convertirse en otra herramienta para violar derechos en lugar de un instrumento para dar cumplimiento legítimo a la responsabilidad de proteger la seguridad en el mar. A semejanza de su cooperación con Libia, el acuerdo de la UE y sus Estados miembros con Túnez puede tener el efecto de normalizar las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen contra las personas que buscan protección y socavar la integridad del sistema internacional de búsqueda y salvamento, tergiversándolo para ponerlo al servicio del control migratorio.
Como organizaciones humanitarias y de derechos humanos, pedimos a la UE y a sus Estados miembros que pongan fin a su cooperación en materia de control migratorio con las autoridades tunecinas, responsables de graves violaciones de derechos humanos en el mar y en Túnez. Las ONG de búsqueda y salvamento y los buques mercantes no deben recibir instrucciones de desembarcar a nadie en Túnez.
Violaciones generalizadas y reiteradas de los derechos humanos
Las conclusiones extraídas por las organizaciones tunecinas e internacionales, así como por los organismos de la ONU, durante los dos últimos años indican que Túnez no puede considerarse un “lugar seguro” para las personas interceptadas o rescatadas en el mar, sobre todo las negras, según la definición del Convenio SAR de 1979, el Comité de Seguridad Marítima y los organismos de la ONU.
Pese a ser parte de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Túnez carece de legislación y un sistema nacional de asilo. La ley penaliza a quienes entran, permanecen o salen del país de forma irregular. Tras interceptaciones en el mar o después de detenciones arbitrarias en territorio tunecino, las autoridades tunecinas han abandonado en repetidas ocasiones a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el desierto tunecino o en regiones remotas fronterizas con Libia y Argelia. Estas prácticas pueden equivaler a expulsiones colectivas ilegítimas, demuestran un desprecio total por el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes, y pueden violar el principio de no devolución. Las personas expulsadas corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos en Libia y nuevas expulsiones de Argelia a Níger. Según informes que citan información de la ONU, las fuerzas de seguridad de Túnez han detenido a personas presuntamente migrantes irregulares en tierra y las han transferido directamente a las autoridades libias, que posteriormente las han sometido a detención arbitraria, trabajos forzados, extorsión, tortura y otros malos tratos, así como a homicidios ilegítimos.
Según relatos de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo documentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, OMCT y Alarm Phone, las autoridades tunecinas en el mar han cometido abusos de derechos humanos y han puesto vidas en peligro durante la interceptación de embarcaciones —incluidas maniobras a alta velocidad que amenazaban con hacerlas zozobrar, violencia física, disparos de gas lacrimógeno a corta distancia y colisiones con las embarcaciones— y no han garantizado sistemáticamente la evaluación individualizada de las necesidades de protección en el momento del desembarco. Las autoridades tunecinas también han sometido a tortura y otros malos tratos a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el contexto de desembarcos, detenciones o expulsiones colectivas.
Al mismo tiempo, varias organizaciones internacionales y locales, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la abogacía han denunciado un alarmante deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales en Túnez que afecta tanto a la población migrante como a la nacional. Desde 2021, el país ha sido testigo de un importante retroceso de los derechos humanos, caracterizado por el desmantelamiento de las salvaguardias institucionales para su protección, la erosión de la independencia judicial y la represión de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El desembarco en Túnez de personas de nacionalidad tunecina interceptadas o rescatadas en el mar, entre las que podría haber personas que huyen de la persecución, la tortura u otros daños graves y tienen intención de solicitar asilo en el extranjero, podría negar de forma efectiva el derecho a solicitar asilo a personas que necesitan protección internacional.
La complicidad de la Unión Europea en las violaciones de los derechos humanos
A pesar de las violaciones de derechos humanos documentadas por las autoridades tunecinas, la UE y sus Estados miembros han incrementado su apoyo al gobierno de Kais Saïed. A través del Memorando de Entendimiento firmado en julio de 2023, la UE prometió a Túnez 1.000 millones de euros, incluidos 105 para la gestión de las fronteras y la migración, a cambio de impedir de facto las salidas por mar hacia Europa, que incluyen personas necesitadas de protección. Con la demarcación de la región de búsqueda y rescate de Túnez, el gobierno tunecino ha cumplido una prioridad de larga data fijada por la UE. Mientras que, por un lado, esto representa un paso formal hacia el cumplimiento de la responsabilidad de Túnez de proteger la vida en el mar, la realidad es que ahora los centros de coordinación de salvamento europeos remitirán a su institución homóloga tunecina las embarcaciones en peligro que se encuentren en la región de búsqueda y salvamento de Túnez, reforzando la desvinculación gradual de los actores de la UE en favor de actores con un historial de derechos humanos deficiente.
Al apoyar un mayor protagonismo de la Guardia Costera tunecina (Guardia Nacional) —sin parámetros de referencia ni un sistema de seguimiento en materia de derechos humanos, y sin disposiciones que garanticen que las personas rescatadas son desembarcadas en un lugar seguro que no puede ser Túnez— la UE está contribuyendo al riesgo de que se produzcan nuevas violaciones graves de los derechos humanos en el mar y en Túnez contra personas refugiadas y migrantes y personas en riesgo de persecución en el país.
El espacio humanitario para las ONG de búsqueda y salvamento también se verá aún más restringido si los centros de coordinación de salvamento europeos les ordenan que se pongan en contacto con el recién creado Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo tunecino para el desembarco, algo a lo que pueden negarse para respetar el principio de no devolución. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha señalado que las embarcaciones en el mar no son el lugar apropiado para determinar las necesidades de protección. Según el derecho marítimo internacional, los Estados son los principales responsables de coordinar los rescates dentro de sus regiones de búsqueda y salvamento y de organizar el desembarco en un lugar seguro, que puede ser otro Estado.
Se debe poner fin al apoyo de Europa a las violaciones de derechos humanos
Esta evolución sigue la pauta observada en Libia desde 2016. Además de proporcionar apoyo material, técnico y político, la UE e Italia respaldaron la demarcación de una región de búsqueda y salvamento en Libia y la creación de un centro de coordinación de salvamento marítimo libio, lo que condujo a que se transfiriera a la Guardia Costera libia la responsabilidad de la búsqueda y el salvamento, así como a un aumento de las devoluciones sumarias y los desembarcos en Libia, todo ello teniendo plena consciencia de que con ello las personas migrantes y refugiadas quedarían expuestas a un grave riesgo de ser sometidas a violaciones de derechos humanos horribles y mortíferas en Libia. Tanto el gobierno italiano como las instituciones de la UE no sólo han continuado esta cooperación, sino que han procurado ampliarla a otros países, incluido Túnez.
Por tanto instamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a:
- Pedir a las autoridades tunecinas que pongan fin a las violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, lo que incluye acabar de manera urgente con las expulsiones colectivas ilegales y que ponen en peligro la vida de las personas.
- Pedir a las autoridades tunecinas que pongan fin a la represión de la sociedad civil.
- Garantizar que las ONG de búsqueda y rescate y los buques mercantes no reciben instrucciones de desembarcar en Túnez a las personas que rescatan en el mar, dados los riesgos de violaciones de derechos humanos que plantea el país y dado que en el mar no se pueden realizar evaluaciones individuales imparciales de esos riesgos. Túnez no puede considerarse un lugar seguro para las personas rescatadas en el mar según el derecho internacional aplicable.
- Poner fin al apoyo económico y técnico que se brinda a las autoridades tunecinas responsables de graves violaciones de derechos humanos en relación con el control fronterizo y migratorio.
Afrique-Europe Interact
Alarme Phone Sahara (APS)
All Included Amsterdam
Amnesty International
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Association CALAM
Association for Justice, Equality and Peace
Association Lina Ben Mhenni
Association Marocaine d’aide des Migrants en Situation Vulnérable (AMSV)
Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)
Association Sentiers-Massarib
Association tunisienne de défense des libertés individuelles
Aswat Nissa
Avocats Sans Frontières (ASF)
BAOBAB EXPERIENCE
Campagna LasciateCIEntrare – MaipiuCIE
Carovane Migranti
CCFD-Terre Solidaire
Chkoun? Collective
Comité de Sauvegarde de la LADDH
Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
CompassCollective
Damj – l’Association Tunisienne pour la justice et l’égalité
Dance Beyond Borders
EMERGENCY
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH)
Forum Tunsien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
FUNDACION SOLIDAIRE
Human Rights Watch
Intersection pour les droits et les libertés
iuventa-crew
L’association Tunisienne pour les Droits et les Libertés (ADL)
La Cimade
LDH (Ligue des droits de l’Homme)
Maldusa
Médecins Sans Frontières
MEDITERRANEA Saving Humans
Melting Pot Europa
migration-control.info project
Migreurop
Missing Voices (REER)
Mission Lifeline International e.V.
PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.
r42-SailAndRescue
Reclaim the Sea
Refugees in Libya – APS
Refugees Platform In Egypt (RPE) منصة اللاجئين في مصر
Resqship
SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO -SMH
SARAH Seenotrettung gUG
Sea-Eye e.V.
Sea-Watch e.V.
Search and Rescue Malta Network
Seebrücke
SOS Humanity e.V.
SOS MEDITERRANEE
Statewatch
Union des diplômés-chômeurs (UDC)
United4Rescue – Gemeinsam retten e.V.
Univ. of Southern California Gould School of Law Immigration Clinic
Watch the med Alarm Phone
