Los Ángeles —
Actualmente hay aproximadamente 37,395 personas detenidas por El Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) en todo el país, más del doble de la cantidad de personas que estaban detenidas cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.
Cabe destacar que el ICE cuenta con fondos para 41,000 camas de detención, lo que para los activistas a favor de los inmigrantes y en contra de los centros de detención, esto significa que más expansiones de centros pueden potencialmente traducirse a la adición de más detenciones.
Recientemente, ICE buscó expandir la capacidad de detención de inmigrantes en el Oeste con el potencial de afectar a Washington, Oregon, California, Arizona, Texas y Nuevo México. Publicada en agosto, la Solicitud de Información (RFI) multiestatal de la Costa Oeste de ICE busca una capacidad de detención de 850 a 950 camas de detención adicionales dentro de un radio de dos horas en automóvil para cada una de las oficinas de campo de ICE en Phoenix, El Paso, Seattle y San Francisco. Esta solicitud de la Costa Oeste sigue a otra solicitud multiestatal publicada en mayo de 2024 para aumentar la capacidad de detención en las regiones de Illinois, Harlingen y Salt Lake City.
Con la fecha límite de la solicitud de la Costa Oeste vencida el 15 de septiembre, los defensores de la justicia para inmigrantes están en alerta, buscando más información sobre si ICE siguió adelante con posibles ofertas para avanzar con los contratos.
Marcela Hernández, directora de organización y membresía de Detention Watch Network, dijo que el enfoque continuo en castigar a las personas que migran por el simple hecho de mudarse en busca de una vida nueva, mejor o más segura no solo es cruel, sino que es ineficaz y alimenta la dependencia del país del encarcelamiento masivo que se dirige desproporcionadamente a las personas negras y morenas.
“El deseo de ICE de aumentar masivamente el sistema de detención de inmigrantes con dos RFI en varios estados es otra mancha más en la administración Biden”, dijo Hernández.
“Si se hace realidad, el plan de expansión de ICE también aumentará la persecución y la elaboración de perfiles raciales de las personas dentro de sus comunidades en función de su apariencia, el idioma que hablan y dónde trabajan, al tiempo que exacerbará aún más el sistema de detención que está plagado de abusos”, sostuvo la activistas.
ICE tiene un largo historial de gastar más de lo debido y luego buscar financiación para solicitudes de transferencia a pesar del presupuesto enormemente inflado de la agencia de 9,600 millones de dólares, fondos que muchos dicen que deberían dirigirse hacia la vivienda, la atención médica y la educación.
California, Oregón y Washington han aprobado leyes estatales para eliminar gradualmente la detención de inmigrantes en sus respectivos estados después de una sostenida organización local, mientras que las comunidades de Nuevo México están trabajando actualmente para aprobar una legislación contra la detención en su estado.
Sophia Genovese, abogada gerente del New Mexico Immigrant Law Center en Nuevo México, dijo que las personas en los centros de detención de inmigrantes están muriendo.
“Las personas con vulnerabilidades médicas o que experimentan emergencias médicas en detención están siendo ignoradas, lo que resulta en discapacidades permanentes”, dijo Genovese.
“ICE simplemente no puede y no quiere garantizar la seguridad y la dignidad de las personas bajo su custodia. Expandir la detención de inmigrantes en todo el suroeste es una sentencia de muerte para las miles de personas que cruzan la frontera en busca de asilo cada año”, dijo Genovese.
A juicio de Laura St. John, directora legal del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Arizona, en lugar de buscar soluciones humanas que den la bienvenida a los inmigrantes y mantengan unidas a las familias y comunidades, la expansión del espacio de detención propuesta por la administración es otro plan “que pondrá vidas humanas reales en peligro”.
“Las prisiones de inmigración funcionan sin ninguna supervisión ni rendición de cuentas a pesar de décadas de informes que muestran el daño masivo que causan tanto a las personas que detienen como a nuestras comunidades”, dijo St. John.
