A lo largo del mandato presidencial 2016-2020 de Donald Trump, la justicia migratoria fue una pieza central de la oposición liberal y de izquierdas a la agenda republicana. El público reaccionó con auténtico horror ante los espectáculos de crueldad racista y antimigrante de la administración Trump. Los videos de bebés y niños separados de sus padres en centros de detención estadounidenses desataron protestas contra los «niños en jaulas», y los manifestantes se agolparon espontáneamente en los aeropuertos estadounidenses cuando entró en vigor la prohibición musulmana.
En respuesta, los demócratas convirtieron los derechos de los migrantes y las contribuciones de los inmigrantes en el centro de su plataforma 2020, que denunció el «muro innecesario, despilfarrador e ineficaz de Trump en la frontera sur» y las «prohibiciones discriminatorias de viaje e inmigración» y pidió «proteger y ampliar el sistema de asilo existente» y «poner fin a la persecución de los solicitantes de asilo en la frontera y a las políticas que les obligan a solicitarlo desde “terceros países seguros”».
La efusión de solidaridad popular y compasión hacia los migrantes fue genuina. Sin embargo, hoy, con la inmigración de nuevo en el centro de la campaña presidencial, los demócratas han cambiado totalmente de rumbo. Ya no apelan a los derechos y la humanidad de los migrantes, sino que la administración saliente de Biden y la campaña de Kamala Harris han abrazado por completo la premisa racista y xenófoba de Trump.
El contexto
Un repaso al pasado reciente revela más puntos en común que divergencias entre las administraciones demócrata y republicana sobre la cuestión. Los dos partidos tienden a distinguirse más en el discurso que en la práctica: los republicanos adoptan una retórica abiertamente racista y xenófoba, mientras que los demócratas asumen una postura de realismo aparentemente pragmático, con modestos gestos humanitarios.
Sin embargo, incluso estas distinciones importan. El actual ciclo de exclusión y expulsión masivas se consolidó bajo la administración Obama (2009-2016) en el contexto de la crisis financiera mundial y la gran recesión. Pero la administración Trump destacó por el rencor y el entusiasmo con que se reprimió, criminalizó y persiguió a los migrantes. Bajo la política de «Tolerancia Cero» de Trump, más de 5500 niños y bebés fueron separados a la fuerza de sus tutores por las autoridades de inmigración estadounidenses, unos dos mil de los cuales aún no se han reunido con sus familiares deportados a día de hoy.
Trump convirtió a los Estados latinoamericanos en ladrillos de su muro fronterizo. Bajo la amenaza de castigar con aranceles a las importaciones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abandonó su política inicial de facilitar el paso seguro y legal de los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos en favor de una estrategia de contención y represión a manos de la recién formada Guardia Nacional. La imposición de los «Protocolos de Protección a Migrantes» o la política de «Permanecer en México» en 2019 confinó a los solicitantes de asilo a la frontera norte de México mientras esperaban las fechas de sus citas.
Ese mismo año, Estados Unidos firmó «Acuerdos de Tercer País Seguro» con Guatemala, Honduras y El Salvador, obligando a los migrantes que pasaban por esos países en ruta hacia Estados Unidos a solicitar asilo allí primero, prohibiendo a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos solicitar asilo.
Al mismo tiempo, residentes estadounidenses de larga data fueron objeto de expulsión por parte de las autoridades estadounidenses. Trump trató de suspender programas fundamentales —aunque insuficientes— que protegían a cientos de miles de personas de la deportación, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y el Estatus de Protección Temporal. «Las remociones interiores» de migrantes arrestados y deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aumentaron de 65 332 en 2016 a más de 95 000 en 2018.
El contexto pandémico no hizo sino acentuar el giro excluyente. En medio de una recesión mundial sin precedentes, poblaciones cada vez más diversas se vieron desplazadas de todo el Sur global y comenzaron a dirigirse a la frontera estadounidense en busca de trabajo y seguridad. Biden, para sorpresa de nadie, respondió abandonando sus compromisos profesados con los derechos de los inmigrantes y la inclusión y haciendo suya la postura republicana.
Incluso mientras la administración Biden revocaba los Acuerdos de Tercer País Seguro de Trump y se movía para salvaguardar los programas de protección temporal de inmigrantes, avanzaba en la externalización hacia el sur de la frontera estadounidense hasta bien entrada Colombia, con operaciones militares en el Tapón del Darién. Las expulsiones a México bajo el Título 42, iniciadas por la administración Trump con el pretexto de salud pública, continuaron hasta bien entrado 2023, efectuando tres millones de deportaciones en menos de tres años.
Estas cifras convirtieron a Biden en el mayor deportador en un solo mandato presidencial desde George W. Bush. Cuando el Título 42 estaba a punto de expirar, Biden revivió la prohibición de asilo de Trump. En febrero, respaldó un proyecto de ley bipartidista fallido que habría consagrado la agenda de Trump al elevar la carga de la prueba necesaria para recibir asilo; ordenar el cierre de la frontera después de que los cruces diarios alcanzaran un promedio de cinco mil; continuar la construcción del muro fronterizo; expandir la Patrulla Fronteriza; y más. A medida que se calentaba la temporada de campaña para 2024, Biden fue más allá, ordenando unilateralmente el cierre de la frontera a los solicitantes de asilo cuando la media diaria de «encuentros» con migrantes registrada por las autoridades estadounidenses superara los 2500.
Si el llanto de los niños encarcelados arrancados de sus padres llegan a perseguir a la administración Trump a lo largo de la historia, Biden podría ser recordado por las imágenes del año 2021 que mostraban a agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense a caballo abatiendo a solicitantes de asilo haitianos aterrorizados.
Los últimos quince años de prolongada y profunda crisis económica son sin duda el principal culpable de las nuevas y cambiantes poblaciones de desposeídos que se ven empujadas hacia la frontera estadounidense. Sin embargo, una parte significativa de ese desplazamiento puede atribuirse directamente a las fallidas campañas estadounidenses de cambio de régimen en dos países que han encabezado las listas de solicitantes de asilo en los últimos años: Cuba y Venezuela. En ese sentido, Biden también tiene una responsabilidad significativa por continuar con el régimen de sanciones de «máxima presión» de Trump y mantener a Cuba en la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo», que han contribuido a las crisis económicas y causado un sufrimiento extremo en ambos países.
Al mismo tiempo, Biden retomó la estrategia de Barack Obama de crear y ampliar categorías de inmigración temporal que el Migration Policy Institute denomina «estatus crepuscular» y que la académica Cecilia Menívar teoriza como la provisión de una «legalidad liminal incierta y vulnerable». Amplió el TPS para incluir a más de un millón de inmigrantes ya presentes dentro de las fronteras estadounidenses y aumentó el uso de la «libertad condicional humanitaria» para inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores económicos estadounidenses.
Junto con el aumento constante de la aplicación militarizada de la ley, está surgiendo un patrón más amplio en la política de inmigración que parece favorecer la explotación selectiva de los trabajadores migrantes precarios y contingentes pero documentados con salarios de miseria en los escalafones más bajos de los mercados laborales estadounidenses. Muchos más se encuentran bloqueados en los países de tránsito, donde pueden ser más útiles para las estrategias emergentes de «deslocalización cercana» del capital estadounidense, trabajando en el lado perdedor de las reconfiguradas cadenas de valor mundiales.
La campaña
Como ha señalado Daniel Denvir, la campaña presidencial de 2024 evidencia la peligrosa tendencia a la polarización ideológica asimétrica en torno a la inmigración, en la que una derecha radicalizada arrastra al cobarde centro aún más a su terreno.
Como era de esperar, Trump ha intensificado su línea de ataque en este ciclo electoral, atribuyendo erróneamente el tráfico de fentanilo a los inmigrantes indocumentados y pidiendo la deportación masiva de veinte millones de personas. Él y su compañero de fórmula, J. D. Vance, han propuesto invadir territorio mexicano con el Ejército estadounidense para combatir el crimen organizado y provocaron una oleada de acoso y amenazas contra los titulares del TPS haitianos en Ohio tras relatar afirmaciones espurias y racistas.
En un acto de campaña de verano, la vicepresidenta Kamala Harris dijo a sus partidarios: «Donald Trump, por otro lado, ha estado hablando mucho de asegurar nuestra frontera, pero no hace lo que dice». Harris, que ha conservado gran parte del personal y la infraestructura de la campaña de Biden, ha continuado la estrategia del presidente de intentar flanquear a los republicanos defendiendo una postura antimigrante rígida. Al hacerlo, los demócratas han aceptado la premisa de que la propia inmigración es un problema.
Se trata de una estrategia peligrosa, que hace a los inmigrantes y a sus familias vulnerables a la violencia. También es una estrategia perdedora. Los republicanos siempre serán más abiertamente racistas, más extravagantemente xenófobos y más ambiciosos en sus fantasías de imposición que los demócratas. Si los votantes indecisos buscan el nativismo, ¿por qué iban a conformarse con lo segundo?
Lo más inquietante es que los demócratas se plieguen a las respuestas más viscerales del chivo expiatorio de los inmigrantes en lugar de utilizar las elecciones para promover una contranarrativa de solidaridad. En lugar de señalar el muro fronterizo de Trump como un monumento a «la venalidad y la desilusión», como escribe Greg Grandin, el Partido Demócrata disputa con los republicanos para ver quién construye el muro más grande.
Este resultado no está predeterminado. Sin embargo, una resolución más emancipadora de la crisis del neoliberalismo requeriría una visión de la reestructuración económica basada en la cooperación, la igualdad y la dignidad, no en la superexplotación de las minorías raciales y en la carrera del capital de suma cero hacia el abismo.
En la actualidad, no existe en el discurso político estadounidense una izquierda capaz de defender esta postura. Fue la amenaza popular planteada por la campaña de Bernie Sanders la que obligó a candidatos como Biden y Harris a profesar posiciones progresistas sobre la inmigración en 2020. Sin un contrincante creíble en ese flanco esta vez, los demócratas han cedido por completo a la derecha.
Desde Gaza y el Líbano hasta la frontera sur de Estados Unidos, los demócratas están optando por la complicidad en grotescas atrocidades e injusticias, motivadas al menos en parte por cálculos cobardes (y erróneos) de beneficio político. Al hacerlo, siguen cediendo terreno a las respuestas fascistas a la espiral de crisis económica, geopolítica y ecológica que envuelve al planeta. Para la izquierda, el momento actual subraya lo urgente que es la tarea de construir poder y lo mucho que nos queda por hacer.
