Por Rebecca Santana — The Associated Press
El expresidente Donald Trump, que está usando su discurso contra los migrantes como un elemento clave de su campaña para regresar a la Casa Blanca, dijo esta semana que si gana las elecciones del 5 de noviembre expulsará a los cientos de miles de inmigrantes que han llegado legalmente al país bajo dos programas puestos en marcha por el Gobierno del demócrata Joe Biden y que eliminaría las llamadas ciudadaes santuario que ofrecen protecciones para los migrantes contra la deportación.
Trump arremetió el miércoles en la cadena de noticias Fox News contra el parole humanitario y el sistema de asilo mediante la aplicación de celulares CBP One, con los que Biden ha intentado frenar la avalancha de llegadas a la frontera sur. “Prepárense para irse porque se irán de aquí muy rápido”, dijo Trump al más de un millón de inmigrantes que se han beneficiado de esas dos iniciativas legales para el asilo.
Y el jueves, durante una rueda de prensa en la Torre Trump, el expresidente dijo que también reactivaría el llamado Título 42, que permite la expulsión rápida de un inmigrante, y que volverá a establecer el programa migratorio Quédate en México, que envía a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera para que esperen la resolución de sus casos.
dijo que buscará implementar, Trump también dijo que reactivaría el llamado Título 42, que permite la expulsión rápida de un inmigrante, y que volverá a establecer el programa migratorio Quédate en México, que envía a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera para que esperen la resolución de sus casos.
El exmandatario ya había prometido medidas radicales como una deportación masiva contra los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace decenas de años. Ya en campañas anteriores (en 2016, cuando ganó la elección, y en 2020, cuando perdió ante Biden) hizo promesas similares, pero durante su Gobierno las deportaciones no superaron las 350,000.
La app CBP permite a inmigrantes en México (se puso en marcha en la frontera con Estados Unidos, pero se ha extendido recientemente al sur del país vecino) solicitar una cita para pedir asilo y entrar, si se les concede, legalmente al país; se evita así su entrada ilegal para pedir asilo tras cruzar la frontera. Desde que entró en vigor en enero de 2023 lo han empleado 813,000 inmigrantes.
Además, el Gobierno federal puso en marcha el año pasado un programa de parole humaniario que permite a 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar en Estados Unidos cada mes si cuentan con un patrocinador financiero, aprueban la revisión de antecedentes y compran un boleto de avión en vez de acudir a la frontera. Unas 530,000 personas han llegado ya bajo ese programa.
Los migrantes que se acogen a ambos programas ingresan con un permiso de permanencia temporal de dos años otorgado por motivos humanitarios. El Gobierno ha promovido ambas políticas como estrategias para reducir los cruces en la frontera sur, acabar con las redes de trata de personas ,y asegurar que los antecedentes de los inmigrantes sean investigados antes de que ingresen al país.
Sin embargo, los republicanos afirman que los programas suponen, fundamentalmente, una forma de eludir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso, y aseguran que el Gobierno de Biden está admitiendo a personas que, de otro modo, no cumplirían los requisitos para ingresar a Estados Unidos. Los estados gobernados por los republicanos han interpuesto demandas para detenerlos.
Tras sus promesas anteriores de deportaciones masivas, Trump y el principal arquitecto de su política migratoria, Stephen Miller, han proporcionado nuevos detalles sobre cómo piensan llevarlas a cabo en caso de ganar un segundo mandato en la Casa Blanca, como invocar poderes de guerra, apoyarse en gobernadores afines y usar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es probable es que cualquier plan similar tenga problemas jurídicos, logísticos y financieros.
Numerosos grupos de defensa de la inmigración aseguran que las promesas de Trump de deportaciones masivas están sembrando el miedo entre las comunidades migrantes.
Cuando los estados liderados por los republicanos demandaron para poner fin al programa de patrocinio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, la organización Justice Action Center representó a estadounidenses que patrocinaron a migrantes para que vinieran a Estados Unidos y que querían preservar el programa.
Un juez federal de Texas permitió que el programa continuara, alegando que los estados no habían demostrado haber sufrido perjuicios económicos por ello.
Esther Sung, directora legal de Justice Action, afirmó el miércoles en una declaración enviada por correo electrónico que el parole humanitario ha sido utilizado por las Administraciones de ambos partidos durante más de 70 años y que ninguna ha tratado de recuperar quitárselo a los migrantes en la escala que Trump está sugiriendo.
La activista indicó que el uso del parole humanitario permite que las familias se reúnan, que otros huyan de la persecución y elimina la escasez de mano de obra crucial. “Como se ha demostrado una y otra vez, los migrantes fortalecen las comunidades a las que se unen y nuestra economía”, aseveró, “esto no sólo es alarmismo, sino que también es extremo, sin precedentes y simplemente cruel”.
