Sara Gómez murió el 1 de enero de 2022 por las secuelas de una lipoescultura realizada por un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Sus padres, Damián y Felisa, y sus hermanos, Rubén y Nora, lloraron un mar de lágrimas, pero no claudicaron ante tan duro final porque iniciaron una campaña para regular el sector de las clínicas de estética y este sábado han recogido el premio a 2 años, 9 meses y 21 días de esfuerzo: el BOE publica la conocida como ‘ley Sara’.
“Estamos satisfechos y emocionados tras este largo camino. Esta ley Sara significa que a partir de ahora, cualquier médico ya no puede realizar una operación estética porque se acota bastante. Solo podrán hacerlo los cirujanos con la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora y aquellos facultativos de una serie de especialidades que en su plan de formación académica tengan atribuidos cometidos de estética en algún área”, según explica de forma didáctica Rubén Gómez.
En la práctica, la orden firmada por la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, y que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone que un facultativo, por el hecho de tener la carrera de Medicina, como puede ser un dentista, ya no podrá meterse en el quirófano de un centro de estética para hacer un implante de pechos a una paciente. Tal situación se producía hasta ahora porque cualquier médico podía entrar a un quirófano privado, al margen de su especialidad.
A partir de ahora, solo podrán realizar operaciones de cirugía estética los médicos con la especialidad en su programa formativo.
Avanzamos a un sistema sanitario más seguro, evitando el intrusismo y protegiendo a los pacientes. Lo hacemos por familias como la de Sara: pic.twitter.com/CiDnIaOztY
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 21, 2024
Esta orden de la ministra Mónica García Gómez afectará desde su publicación en el BOE: a los 7.322 centros con unidad de medicina estética que tiene contabilizados el Ministerio de Sanidad a lo lago de todo el país. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética calcula que anualmente se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética en España: el 85% de los pacientes son mujeres, de entre 30 y 44 años, y el 15% son hombres. Las mujeres demandan principalmente: cirugías de aumento de mamas y liposucciones. Mientras que los hombres suelen someterse a una blefaroplastia, rinoplastia o una ginecomastia.
“Por poner algún ejemplo de las especialidades que sí podrán hacer operaciones estéticas a partir de ahora, un otorrino podrá realizar intervenciones en las orejas o una rinoplastia; un oftalmólogo, una intervención de párpados, y un cirujano maxilofacial lo hará en su campo que es el rostro”, según detalla Rubén Gómez. Un guardia civil de profesión y que tras la muerte de su hermana se ha convertido en el azote del sector privado de la estética que anualmente factura 3.500 millones de euros en nuestro país -según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética-.
Los familiares de Sara Gómez, el 15 de septiembre de 2022, en el Congreso de los Diputados, junto a los miembros de la Secpre y la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Carolina Salinas, y la entonces diputada autonómica Lara Hernández, cuando se aprobó la ‘ley Sera’ como una Proposición no de Ley.
La conocida como ‘ley Sara’ se aprobó en el Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2022, como una Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, que fue impulsada por el PSOE, incluyendo una enmienda del PP sobre especialidades médicas y documentación clínica.
Vox fue el único partido que no apoyó esta normativa para atajar el intrusismo en la profesión médica dentro del sector de la estética. Al final, esta Proposición no de Ley se ha convertido en una orden que modifica el Real Decreto por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. En concreto, la modificación afecta al anexo II del citado Real Decreto donde se recogen las definiciones de centros, unidades asistenciales y establecimientos sanitarios.
La difunta Sara Gómez, en la playa, en una imagen cedida por su familia.
“En los últimos años se ha constatado un continuo incremento de las intervenciones quirúrgicas con finalidades estéticas y de la apertura de centros sanitarios que incluyen entre sus servicios, la oferta asistencial de cirugía estética”, tal y como argumenta la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado. “Diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias han venido reclamando modificaciones normativas, en aras de conseguir un mayor control en el desarrollo de esta actividad asistencial, con la garantía de que sea ejercida por profesionales con las competencias y titulaciones adecuadas”.
“En este sentido, el Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de septiembre de 2022, aprobó con modificaciones, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, en la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, con el objetivo de reforzar los artículos de la norma que correspondan, para así evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida”.
Tales párrafos responden a la campaña que han venido promoviendo los familiares de Sara Gómez, “para que en España no hubiesen más Saras”, debido a que esta agente inmobiliaria de villas de lujo, de 39 años, y madre de dos hijos, contrató una lipoescultura con un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Los padres y los hermanos de la difunta Sara Gómez, en septiembre de 2022, en el Congreso de los Diputados, tras la aprobación de la Proposición no de Ley contra el intrusismo médico. Cedida
La operación se desarrolló el 2 de diciembre de 2021, en un quirófano de la clínica privada Virgen de la Caridad de Cartagena, pero las secuelas que sufrió fueron de tal magnitud que acabó ingresando en la UCI del Hospital Santa Lucía donde murió 29 días después, motivando la apertura de una causa judicial que todavía no se ha resuelto contra el citado médico y el anestesista que le asistió.
De hecho, Rubén Gómez avanza a EL ESPAÑOL que su familia tras haber conseguido la ‘ley Sara’ va a “luchar” por el próximo reto: “Teníamos dos objetivos, hemos conseguido el primero y ahora vamos a por el segundo, que es meter en prisión al cirujano y al anestesista“.
De momento, la primera victoria de la familia Gómez contra el gigante de la cirugía estética privada, ya es una realidad. Todo ello, debido a que la orden ministerial publicada en el BOE de este sábado, tras consultar a las 17 comunidades autónomas, recuerda que “los programas formativos de cada especialidad médica incluyen la definición de la especialidad y su campo de actuación”. Con este párrafo el Ministerio de Sanidad hace Justicia a la muerte de Sara -vecina de Alcantarilla-:
“Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario actualizar la definición de la unidad asistencial «U.47 cirugía estética» del anexo II del Real Decreto objeto de modificación, reservándose a aquellas especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas del apartado uno, del anexo I del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, que tengan competencia para ejercer la cirugía estética de acuerdo con el contenido de sus respectivos programas formativos”. Cada zapatero a sus zapatos.
