Un profundo dolor embarga a las familias de Paola Sabillon, Jason Meza y Giselle Reyes tras la liberación y posterior deportación de Erwin Zúñiga, quien fue acusado de causar el accidente automovilístico que cobró sus vidas hace casi dos años en el condado de Miami-Dade.
Según informes policiales, Zúñiga conducía bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad cuando ocurrió la tragedia.
Erwin Zúñiga, también conocido como Erwin Zuniga, fue detenido y colocado bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Sin embargo, el pasado jueves, durante una audiencia, la Subjefa Adjunta de la Fiscalía del Estado de Miami-Dade, Christine E. Zahralban, denunció que las autoridades de inmigración federales le ofrecieron a Zúñiga lo que describió como “una carta de salida gratis de la cárcel” al deportarlo a Honduras sin haber sido juzgado por sus crímenes en Estados Unidos.
“Necesitamos respuestas,” exigió Zahralban en la audiencia. Durante la misma, presentó una declaración firmada por un oficial de correcciones de Miami-Dade, emitida el 18 de julio, en la que se autorizaba la liberación de Zúñiga del arresto domiciliario.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que Zúñiga fue deportado a Honduras el pasado 6 de septiembre, tras la firma de una orden judicial final por un juez federal. No obstante, Zahralban subrayó que ni los fiscales ni los detectives encargados del caso fueron debidamente notificados de esta decisión.
“Incluso el 12 de septiembre, Zúñiga aún figuraba como bajo nuestra custodia,” indicó Zahralban. La confusión y el dolor que rodean este caso no solo ha indignado a los fiscales, sino también a los familiares de las víctimas, quienes asistieron a la audiencia en busca de respuestas y consuelo.
Hellen Castillo, madre de Paola Sabillon, habló con el corazón roto durante la audiencia, expresando su dolor a través de un intérprete. “Siempre viviremos con este castigo,” lamentó entre lágrimas. Sabillon mantenía una relación sentimental con Jason Meza, otra de las víctimas fatales, mientras que Giselle Reyes, la tercera fallecida, era prima de Meza.
Los familiares, muchos de ellos vistiendo camisetas con fotos de las víctimas, lloraban desconsolados en la sala del tribunal. Miriam Castillo, hermana de Hellen, expresó su frustración: “Saben dónde fallaron y no quieren admitirlo”.
El caso de Zúñiga no es un incidente aislado. Zahralban advirtió que otros acusados en crímenes graves han sido liberados por las autoridades locales y entregados a ICE antes de enfrentar sus juicios. Mencionó un caso reciente de delitos sexuales contra menores, donde el acusado fue detenido en Luisiana mientras se preparaba para abordar un vuelo de regreso a Florida. “Alguien me alertó y lo traje de vuelta justo a tiempo”, relató Zahralban.
Este incidente ha encendido el debate sobre la coordinación entre las agencias locales y federales, así como el impacto que estas decisiones tienen sobre las familias en busca de justicia.
