La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, evalúa implementar una medida que podría beneficiar a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Esta iniciativa tiene el propósito de ofrecer protección contra la deportación y permisos de trabajo a este grupo específico, en un esfuerzo por aliviar las tensiones migratorias.
Esta propuesta no es nueva en la esfera pública. Según publicaron The Wall Street Journal y Reuters, en abril el gobierno estaba bajo presión de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes instaban a la administración a buscar soluciones para regularizar la situación de estos cónyuges.
Esta medida fue considerada y ganó relevancia en respuesta a los recientes cambios en la política migratoria de Biden, especialmente tras la emisión de una orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera con México, según informó The New York Times.
El posible amparo para los indocumentados que están en pareja con ciudadanos de Estados Unidos sería similar al que actualmente beneficia a los aproximadamente 560.000 dreamers (jóvenes inmigrantes indocumentados que nacieron en el extranjero, pero fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños) bajo el programa DACA y a los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La medida es analizada por la administración federal de Estados Unidos, encabezada por Joe Biden.
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Estos grupos renuevan sus protecciones y autorizaciones de empleo periódicamente, lo cual proporciona un modelo que podría replicarse para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Este tipo de amparo no solo les permitiría trabajar legalmente, sino también vivir sin el temor constante a la deportación.
La solicitud de amparo a los cónyuges indocumentados forma parte de una campaña más amplia llevada a cabo por más de 100 organizaciones de derechos de los inmigrantes y congresistas demócratas.
Desde febrero, presionaron a la Casa Blanca para que utilice su poder ejecutivo en vista de la inacción del Congreso en asuntos migratorios. Según información reproducida por AP News, durante los debates presupuestarios, el Senado rechazó un plan bipartidista destinado a mejorar la gestión fronteriza y agilizar los procesos de asilo, un plan que la administración de Biden considera crucial.
El rechazo del Congreso a financiar las medidas de emergencia en la frontera llevó al presidente Biden a emitir una orden ejecutiva que limita el asilo para aquellos que cruzan la frontera entre puertos oficiales.
Esta medida, que entró en vigor de inmediato, fue criticada por diversas organizaciones y legisladores. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), anunció su intención de impugnar la orden ejecutiva en los tribunales.
La implementación de este nuevo pedido no solo aliviaría la presión sobre miles de familias que viven con la incertidumbre de la deportación, sino que también podría influir en la política migratoria a nivel nacional. No obstante, aún no se define su aprobación y se encuentra en estudio.
