Los legisladores republicanos en Estados Unidos han pedido al Gobierno de Joe Biden que vaya un paso más allá en las sanciones contra el sector automovilístico chino y han propuesto añadir a las sanciones los proveedores de baterías para coches eléctricos de Ford y Volkswagen, las chinas CATL y Gotion, a su lista de empresas prohibidas. Para los republicanos, CATL (socio de Ford) y Gotion High Tech (empresa en la que Volkswagen ostenta una participación), deberían añadirse a la lista de firmas chinas con las que se prohíbe comerciar a las empresas que operan en territorio estadounidense.
En concreto, de lo que las acusan legisladores como John Moolennar, el senador Marco Rubio o Mark Green es de, presuntamente, no respetar los derechos humanos y practicar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro y producción. “Cualquier sugerencia de que CATL haya utilizado trabajo forzoso, o que tenga alguna conexión con el trabajo forzoso, es absolutamente falsa”, ha afirmado un portavoz de CATL al diario estadounidense The Wall Street Journal donde aparecieron las primeras informaciones sobre el caso.
CATL ha reiterado durante los últimos meses que están “preparados” para las próximas crisis geopolíticas derivadas de las tensiones comerciales entre China y los países occidentales. De hecho, creen que podrán superarlas a medida que expanden sus operativas en Estados Unidos y Europa preparando el terreno para un futuro repunte de la demanda de los vehículos eléctricos. Sin embargo, si finalmente CATL y Gotion terminan incluidas en la ‘lista negra’ de importadores chinos de Estados Unidos, podría complicar sus esfuerzos por incrementar su cuota de mercado a nivel mundial a través de la penetración en nuevos mercados.
Los republicanos aseguran que CATL y Gotion tienen vínculos con el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, una organización paramilitar en Xinjiang que Estados Unidos ha sancionado y agregado a la lista de entidades prohibidas. En mayo, Estados Unidos había anunciado que cuadruplicaba los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta una tasa del 100%, con el objetivo de proteger a su industria local frente a un competidor que cuenta con ventajas tecnológicas y en costes.
Al otro lado del Atlántico, la Comisión también se prepara para publicar el informe sobre su investigación por los supuestos subsidios ilegales que reciben las automovilísticas chinas del Gobierno de Xi Jinping. Dichos aranceles podrían costarle a las marcas chinas unos 4.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros al cambio actual), según un informe del instituto alemán Kiel. Esta semana, el ministro de comercio chino, Wang Wentao, pidió ayuda a España en un encuentro en el que estuvo presente el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, para evitar que Europa imponga nuevos aranceles a las firmas chinas, las cuales a día de hoy pagan una tasa del 10%. Wentao aprovechó para recordar la llegada de la china Chery a Barcelona, que se encargará de reindustrializar la antigua Nissan de la mano de su socio español EV Motors. “China valora altamente el apoyo de España a la participación activa de las empresas chinas en el proceso español de reindustrialización”, indicó Wentao.
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