- Autor, Valentina Oropeza
- Título del autor, BBC News Mundo
- Twitter, @orovalenti
Marta siempre logró notas sobresalientes. Estudió becada en la Universidad de Columbia en Nueva York y se graduó en Ciencias Políticas y Religión hace unos meses. Sin embargo, se dedica a limpiar casas. No tiene permiso de trabajo porque es indocumentada.
Aunque nació en México, su madre se instaló en Estados Unidos cuando Marta cumplió 2 años. Ahora que tiene 22, sin posibilidad de regularizar su situación, se pregunta si tendrá que marcharse del país donde creció, en medio de las deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump.
Como indocumentadas, Marta y su madre forman parte de los 11 millones de migrantes que viven sin un estatus legal en Estados Unidos, según el registro más actualizado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del año 2022.
En 2025, esta población podría sobrepasar las 13 millones de personas, según cálculos de organizaciones especializadas en migración, como Migration Policy Institute, Pew Research Center y American Immigration Council.
Todas son estimaciones, dado que no existe una encuesta o censo nacional que registre el estatus legal de los residentes nacidos en el extranjero, precisa DHS.
El gobierno de Trump se propone ejecutar “el mayor operativo de deportación en la historia de Estados Unidos”, dándole prioridad a los migrantes con antecedentes criminales hasta conquistar una meta inicial de un millón de deportados.
Hasta julio del año pasado, 662.566 extranjeros con antecedentes penales figuraban en el registro nacional de las autoridades migratorias de Estados Unidos, según cifras de DHS.
La amenaza de deportación también afecta a esos migrantes que no disponen de “una vía automática para acceder a una residencia legal permanente” a través de un sistema migratorio que no ha sido reformado en casi cuatro décadas, indica el centro de investigación Migration Policy Institute.
BBC Mundo muestra en gráficos quiénes son los indocumentados que están en la mira de las autoridades migratorias de Estados Unidos, de dónde vienen, a qué se dedican y cómo otros gobiernos han gestionado la política de deportaciones.
¿Cuándo un migrante es indocumentado?
Un migrante indocumentado es un ciudadano nacido fuera de Estados Unidos que entró al país “sin inspección” o fue admitido temporalmente y se quedó tras la expiración de su permiso de permanencia, explica DHS.
En las estimaciones de indocumentados, el organismo incluye a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
También a los del parole humanitario, un permiso de permanencia temporal que fue revocado por el gobierno de Trump para más de 500.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y expirará el próximo 24 de abril.
Entre los indocumentados se incluye a los migrantes que residen en Estados Unidos a la espera de un procedimiento de deportación en un tribunal de migración y los que solicitan un ajuste de estatus y esperan la aprobación de la residencia permanente.
En contraste, la categoría de residentes legales no solo incluye a los nacidos en Estados Unidos, los naturalizados y a quienes tienen residencia permanente, sino también a los beneficiarios de asilo, las personas admitidas como refugiados y los “residentes no inmigrantes”, es decir, quienes disponen de visas de estudio o trabajos temporales.
Linda Dakin-Grim, abogada especializada en migración, explica que solo hay cuatro formas de migrar legalmente a Estados Unidos:
- la reagrupación familiar, que puede tardar una década;
- las visas de trabajo, que benefician apenas a unos 140.000 trabajadores al año;
- la lotería de visas;
- y los alivios humanitarios, como el asilo o el estatus de refugiado.
“Es un sistema muy estrecho”, aseguró Dakin-Grim en una videoconferencia de la Universidad de Harvard. “Eso explica por qué muchas personas llegan a Estados Unidos con una visa de turista y se quedan más allá de la fecha de expiración”.
Una de las primeras medidas del gobierno de Trump fue eliminar el TPS para 348.202 venezolanos y 520.694 haitianos, al igual que el parole humanitario para más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos concedido por el gobierno anterior.
En el caso de los solicitantes de asilo, aunque no dispongan de un estatus legal, no pueden ser deportados mientras esperen una decisión judicial sobre sus casos.
Durante sus primeras semanas en la Casa Blanca, Trump tomó varias decisiones para agilizar las deportaciones, como declarar una “invasión” que justifica medidas de seguridad más extremas o decretar emergencia nacional en la frontera con el despliegue de tropas.
¿De dónde vienen los indocumentados?
La mayoría de los indocumentados son mexicanos (43,6%), seguidos por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, mientras que la población de venezolanos ha crecido a una tasa de 17% al año entre 2018 y 2022.
DHS indica que la presencia de indocumentados mexicanos en Estados Unidos ha disminuido progresivamente durante los últimos años: de 5,5 millones de personas en 2018 a 4,8 millones en 2022.
“A pesar de esta tendencia descendente a largo plazo, México sigue siendo, con diferencia, el mayor país de origen de la población inmigrante no autorizada”, indica el organismo de seguridad estadounidense.
En el caso de Venezuela, Trump inició conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, que inicialmente aceptó varios vuelos de deportados, pero luego eliminó las licencias para las compañías petroleras estadounidenses que operaban en Venezuela, tras acusar a Caracas de incumplir el acuerdo de recibir a los venezolanos.
Washington también presionó a Panamá y Costa Rica para que aceptaran ser “países puentes” que reciben deportados de terceras nacionalidades en un tránsito incierto hacia sus países de origen u otros lugares que accedan a acogerlos.
“Los gobiernos locales deben gestionar la recepción de deportados con recursos limitados”, advierte Diego Chaves-González, investigador del Migration Policy Institute.
“Estas economías dependen de las remesas de Estados Unidos, por lo que la expulsión masiva de migrantes podría afectar la estabilidad de la región”.
Generaciones sin papeles
Los indocumentados integran una población de varias generaciones. DHS apunta que el 79% de ellos vive en Estados Unidos desde hace más de 12 años, mientras que una minoría de 13% acumula incluso más de tres décadas en el país.
Para los más jóvenes, como Marta, la deportación implicaría volver a países que abandonaron cuando eran niños y ni siquiera recuerdan. Para los mayores, como su madre, significaría regresar a lugares que no han pisado desde que se instalaron en Estados Unidos.
Otra consecuencia polémica de las deportaciones es la separación de familias con estatus mixtos, en las que conviven indocumentados y ciudadanos estadounidenses.
De los cinco miembros que integran la familia de Marta, por ejemplo, tres carecen de estatus legal y dos nacieron en Estados Unidos.
En el informe “Deportación masiva: costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía”, el American Immigration Council calcula que 5,1 millones de niños estadounidenses viven con un familiar indocumentado.
“Separar a los miembros de la familia provocaría un tremendo estrés emocional y podría causar dificultades económicas para muchas de estas familias de estatus mixto que podrían perder a su proveedor de sustento”, advierte el reporte.
Los migrantes indocumentados habitan 6,3 millones de hogares, en los que viven más de 22 millones de personas, calcula el Pew Research Center.
¿Dónde están los indocumentados?
La mayoría vive en el sur de Estados Unidos y se concentra en los estados de California (2,6 millones de personas) y Texas (2,1 millones), seguidos por Florida, Nueva Jersey, Illinois y Nueva York.
Al menos 44% vive en “estados santuarios”, como California o Nueva York, que además de ser mayoritariamente demócratas, disponen de leyes o políticas que protegen a los migrantes y limitan la cooperación con las autoridades federales, reportó la agencia de noticias Reuters.
Autoridades de ciudades y estados santuarios se han negado a colaborar con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que Trump amenazó con recortar los presupuestos federales de esas jurisdicciones para obligarlas a cooperar con las deportaciones.
Una población trabajadora
Al igual que millones de indocumentados, Marta no tiene número de seguro social, el registro necesario para que las autoridades estadounidenses computen sus ganancias y pueda acceder a beneficios de seguridad social.
Sin permiso de trabajo, no puede ser contratada en ningún empleo formal relacionado con Ciencias Políticas o Religión, la carrera que estudió en la Universidad de Columbia.
“Ser indocumentada me ha obligado a estar dispuesta a tomar las oportunidades disponibles, porque nunca he podido elegir lo que quiero hacer”.
A pesar de estas limitaciones, los indocumentados son una población económicamente activa. La mayoría tiene entre 18 a 54 años, de los cuales más de la mitad (alrededor de 5,8 millones de personas) era mayor de 35 años en 2022.
Para ese año, el Pew Research Center calcula que 8,3 millones de personas eran trabajadores indocumentados, quienes representaban alrededor del 4,8% de la fuerza laboral de Estados Unidos.
La mayoría trabaja en agricultura, industria de alimentos, construcción, manufactura, servicios y transporte.
A finales del año pasado, representantes de la industria agrícola pidieron al gobierno de Trump que exonerara de las deportaciones a los trabajadores indocumentados de este sector, dado que casi la mitad de sus dos millones de empleados carecen de estatus legal, según el Departamento del Trabajo y el de Agricultura.
La escala de las deportaciones
Trump no está satisfecho con el ritmo de deportaciones. En el primer mes, su gobierno no superó el récord que fijó el presidente Joe Biden, con un promedio mensual de 57.000 expulsiones, la mayor tasa registrada en la última década en Estados Unidos.
Alrededor de 37.660 personas habrían sido deportadas entre enero y febrero de este año, según estadísticas de DHS publicadas por la agencia Reuters, pero que no han sido confirmadas oficialmente.
Durante el final del primer gobierno de Trump y la gestión de Biden, la mayoría de las deportaciones ocurrieron bajo el Título 42, una orden de salud pública que justificaba la expulsión de migrantes para impedir la propagación del coronavirus durante la pandemia.
Otros gobiernos ostentan números más altos, como los 6,9 millones de deportados durante el segundo período presidencial de Bill Clinton.
Sin embargo, los expertos cuestionan la viabilidad del proyecto de Trump.
“Un millón y medio de personas tienen órdenes de deportación, pero solo 40.000 están detenidas actualmente”, dice Diego Chaves-González, del Migration Policy Institute, quien duda de “la viabilidad logística y política” de las deportaciones masivas.
El American Immigration Council estima que deportar a un millón de migrantes por año supondría un costo anual de US$88.000 millones.
“Se necesitarían más de 10 años, y la construcción de cientos o miles de nuevos centros de detención, para arrestar, detener, procesar y expulsar a 13,3 millones de migrantes, incluso suponiendo que 20% de esa población se marchara voluntariamente”.
A pesar de la incertidumbre, Marta y su madre no están dispuestas a irse de Estados Unidos. De hecho, bromean sobre la posibilidad de ser deportadas.
“Si lo hablamos en serio, parece que nos va a pasar y no queremos preocuparnos”, asegura la madre de Marta junto a su hija, en una llamada telefónica en la que pidieron proteger sus verdaderos nombres para no ser identificadas.
Como no puede trabajar en lo que le gusta, Marta seguirá estudiando para ser abogada. “Voy a aprender de leyes para cambiar el sistema desde adentro”.
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