Maribel Hidalgo huyó de su natal Venezuela hace un año con un hijo de 1 año, caminando durante días a través del Tapón del Darién en Panamá, luego viajando en tren a través de México hacia Estados Unidos.
Vivían en Estados Unidos cuando la administración del presidente Joe Biden anunció que los venezolanos recibirían el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite a las personas que ya están en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente si se considera que sus países de origen son inseguros. Personas de 17 países, incluyendo Haití, Afganistán, Sudán y recientemente Líbano, pueden acogerse actualmente a dicho programa.
Pero el presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, han prometido deportaciones masivas y sugirieron que reducirían el uso del TPS que beneficia a más de 1 millón de inmigrantes. Ambos declararon sin pruebas que haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, y están bajo el TPS, se comían a las mascotas de sus vecinos. Trump también amplificó aseveraciones cuestionables del alcalde de Aurora, Colorado, sobre bandas venezolanas tomando control de un complejo de apartamentos.
“Lo que Donald Trump propone hacer es dejar de dar permisos masivos de permanencia temporal”, dijo Vance en un mitin en Arizona en octubre, mencionando otro tipo de estatus migratorio que también está en riesgo. “Vamos a dejar de hacer concesiones masivas del Estatus de Protección Temporal”.
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Hidalgo lloró al hablar de su situación con un reportero mientras su hijo, ahora de 2 años, dormía en un cochecito fuera del hotel para migrantes de Nueva York donde viven. Al menos 7,7 millones de personas han huido de la violencia política y la agitación económica en Venezuela, uno de los mayores desplazamientos a nivel mundial.
“Mi única esperanza era el TPS, que eso me protegía a mí. Pero imagínate si lo eliminan”, comentó Hidalgo. “Mi preocupación es, por ejemplo, que después de todo lo que yo sufrí con mi hijo para yo llegar a este país que me manden otra vez a mi país”.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiarios del TPS y tienen más en juego.
El aeropuerto internacional de Haití cerró esta semana después de que pandillas dispararon contra un vuelo comercial que aterrizaba en Puerto Príncipe mientras un nuevo primer ministro interino tomaba posesión. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas estadounidenses aterrizar allí durante 30 días.
“Esto está creando mucha ansiedad”, dijo Vania André, editora en jefe de The Haitian Times, un periódico en línea que cubre la diáspora haitiana. “Enviar a miles de personas de vuelta a Haití no es una opción. El país no está equipado para manejar la violencia de pandillas ya extendida y no puede absorber a todas esas personas”.
Las designaciones de Seguridad Nacional ofrecen alivio por hasta 18 meses, pero se extienden en muchos casos. La designación para El Salvador termina en marzo. Las de Sudán, Ucrania y Venezuela terminan en abril. Otras expiran más tarde.
Las regulaciones federales dicen que una designación puede darse por concluida antes de que expire, pero eso nunca ha ocurrido, y se requiere un aviso de 60 días.
El TPS es similar al menos conocido Programa de Salida Forzosa Diferida que Trump usó para recompensar a los partidarios del exilio venezolano mientras su primera presidencia estaba terminando, protegiendo a 145.000 de la deportación por 18 meses.
El abogado Ahilan T. Arulanantham, quien desafió con éxito los esfuerzos anteriores de Trump para permitir que las designaciones de TPS para varios países expiraran, no duda que el presidente electo lo intentará de nuevo.
“Es posible que algunas personas en su administración reconozcan que quitar la autorización de empleo a más de un millón de personas, muchas de las cuales han vivido en este país durante décadas, no es una buena política” y económicamente desastroso, dijo Arulanantham, quien enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, y ayuda a dirigir su Centro de Derecho y Política de Inmigración. “Pero nada en la historia de Trump sugiere que les importarían tales consideraciones”.
Los tribunales impidieron que expiraran las asignaciones para Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador hasta bien entrado el mandato del presidente Joe Biden. Posteriormente, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas las renovó.
Arulanantham dijo que él “desde luego” podría ver otro desafío legal, dependiendo de lo que haga la administración Trump.
El Congreso estableció el TPS en 1990, cuando la guerra civil ardía en El Salvador. Los congresistas se alarmaron al saber que algunos salvadoreños fueron torturados y ejecutados después de ser deportados de Estados Unidos. Otras designaciones protegieron a personas durante guerras en Bosnia-Herzegovina y Kuwait, de violencia genocida en Ruanda, y después de erupciones volcánicas en Montserrat, un territorio británico en el Caribe, en 1995 y 1997.
Una designación no es un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía de Estados Unidos, pero los solicitantes pueden intentar cambiar su estatus a través de otros procesos migratorios.
Los defensores están presionando a la Casa Blanca para que otorgue una nueva designación de TPS para los nicaragüenses antes de que Biden deje el cargo. Menos de 3.000 aún están cubiertos por las protecciones temporales emitidas en 1998 después de que el huracán Mitch azotó el país. Las personas que huyeron mucho más tarde bajo la opresión del gobierno del presidente Daniel Ortega no disfrutan de la misma protección contra la deportación.
“Es una obligación moral” para la administración Biden, dijo Maria Bilbao, de la American Friends Service Committee.
Elena, una nicaragüense de 46 años que ha vivido sin papeles en Estados Unidos durante 25 años e insistió en usar solo su primer nombre porque teme ser deportada, espera que Biden actúe rápidamente: “No en enero. No en diciembre. Ahora”.
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