Un informe publicado por los obispos católicos y líderes evangélicos de Estados Unidos señala que uno de cada doce cristianos —y en particular uno de cada cinco católicos— “se enfrenta al riesgo de deportación o convive con alguien que lo padece”.
El informe, titulado One Part of the Body: The Potential Impact of Deportations on American Christian Families, se publicó el 31 marzo en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés).
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Ha sido elaborado por el Departamento de Migración y Servicios para Refugiados de la USCCB, en colaboración con la Asociación Nacional de Evangélicos, World Relief y el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon-Conwell.
En su introducción, el documento recuerda que “el apóstol Pablo describe la Iglesia de Jesucristo como ‘un solo cuerpo’ que ‘no está compuesta de un solo miembro, sino de muchos’”, y que “si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él”.
En Estados Unidos, añade, si bien la mayoría de los migrantes “se encuentran legalmente presentes”, hay una proporción significativa que es vulnerable a la deportación.
Los autores del informe expresan su preocupación porque durante la campaña presidencial, Donald Trump dijo “que podría haber hasta 20 millones de inmigrantes deportables en Estados Unidos después de las elecciones”.
Sin embargo, también recuerda que en la encuesta realizada en diciembre de 2024 por el Bulfinch Group y el National Immigration Forum, “una gran mayoría de los estadounidenses —incluido el 62% de los católicos y el 70% de los protestantes evangélicos— quiere” que las deportaciones se centren en los delincuentes y aquellos con órdenes de deportación definitivas, pero no todos los indocumentados.
Los migrantes en riesgo
El documento cita la política firmada por el presidente Trump el primer día que regresó a la Casa Blanca para deportar a los inmigrantes documentados, los cuales serían unos once millones de acuerdo al informe publicado en el 2024 por el Pew Research Center.
Sin embargo, las Iglesias cristianas señalan que también podrían estar en riesgo los migrantes que se acogieron a estatus o protecciones temporales, pero “que podrían ser revocadas por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de aprobación del Congreso”.
El análisis explica que entre estas categorías “se encuentran muchos cristianos, dado que el cristianismo es, con diferencia, la religión de la gran mayoría” de quienes están amparados por estos programas.
En ese sentido, estima que, “a finales de 2024, había más de 10 millones de inmigrantes cristianos en Estados Unidos vulnerables a la deportación, incluyendo a quienes no tienen estatus legal”.
Además, “descubrimos que casi 7 millones de cristianos ciudadanos estadounidenses conviven con personas en riesgo de deportación”, que son mayormente “cónyuges o hijos menores de edad de inmigrantes en riesgo de deportación”.
El texto señala que “cuando se ordena la deportación de un miembro de una familia”, esta corre el riesgo de desmembrarse, si no toma la decisión de expatriarse en conjunto.
Pero además, hay casos donde la repatriación “también podría implicar el abandono de la libertad religiosa, garantizada por la Constitución de Estados Unidos, pero que no todos los países respetan”.
Los programas que podrían ser cancelados
Uno de los programas del gobierno que corre peligro es el Estatuto de Protección Temporal (TPS), implementado en 1990 para acoger a las personas afectadas en sus países de origen por guerras, conflictos, desastres naturales o epidemias.
A fecha de septiembre de 2024, 1,1 millones de personas vivían legalmente con este estatus y más del 95% provienen de Venezuela, Haití, El Salvador, Honduras y Ucrania. Del total de beneficiados por el TPS, el 54% son católicos y el 21% pertenecen a otras confesiones cristianas.
El gobierno de Trump anunció la revocación del TPS para venezolanos y haitianos. Sin embargo, esta medida fue bloqueada el lunes por un juez federal de California.
Otro programa en riesgo es el de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), una exención temporal y renovable para los que arribaron siendo menores de 16 años antes de junio de 2007.
Actualmente beneficia a 530.000 personas, la mayoría de ellas de entre 20 y 40 años. “Se estima que 300.000 niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un padre beneficiario de DACA”, indica el análisis. El 73% de los amparados por DACA son católicos y el 15% son de otras confesiones cristianas.
El análisis señala que estas personas “podrían correr el riesgo de ser deportadas si la administración Trump (o cualquier administración presidencial posterior) siguiera los procesos adecuados para cancelar el DACA” o si la Corte Suprema coincidiera “con los tribunales inferiores en que el programa se creó ilegalmente”.
Otro programa es la Salida Forzosa Diferida (DED), otorgada por Trump al final de su primer mandato para la mayoría de migrantes venezolanos citando “las violaciones de derechos humanos” en su país de origen. Luego, el presidente Joe Biden “extendió el TPS a muchas de estas mismas personas”. También se beneficiaron liberianos, hongkoneses, libaneses y migrantes de los territorios palestinos.
Sin embargo, este programa podría ser cancelado o no renovado por el Poder Ejecutivo.
El cuarto estatus es el llamado Parole Humanitario, otorgado a discreción por el Secretario de Seguridad Nacional a “inmigrantes que, de otro modo, no calificarían para la admisión, pero solo caso por caso, por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Esta iniciativa benefició a afganos evacuados tras el retorno de los talibanes en 2021, venezolanos, cubanos, haitianos, ucranianos y otros que fueron patrocinados incluso por personas y grupos religiosos “que se comprometieron a ser responsables financieramente” de ellos.
La Casa Blanca ha anunciado su revisión para eliminar “aquellos que no se ajusten a las prioridades del gobierno”.
En marzo, la administración Trump anunció que se cancelaría este estatus a 532.000 inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, dejándolos sujetos a deportación, salvo impugnaciones legales.
Finalmente, está el “número significativo” de solicitantes de asilo y que podrían ser deportados “si un juez de inmigración no les concede asilo u otra ayuda”.
“Entre los solicitantes de asilo, que incluyen a quienes han expresado temor a la persecución debido a sus creencias religiosas, el 58 % son católicos, el 14 % son evangélicos y el 5 % pertenecen a otros grupos cristianos”, señala el informe.
El análisis advierte que si el gobierno cumple su promesa de “expulsar a todos los extranjeros que ingresen o permanezcan en el país violando la ley de inmigración” y elimina las protecciones temporales, el impacto “sería profundo en las congregaciones de todo Estados Unidos y en las familias que probablemente sufrirían separación”.
“Rezamos para que el presidente y su administración, así como el Congreso, consideren estas duras realidades al implementar políticas de inmigración”, concluye el informe.
Eduardo Berdejo
Profesional en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, tengo más de 20 años de experiencia en periodismo digital católico. Como parte de ACI Prensa he sido enviado a cubrir los viajes del Papa Francisco a Cuba, México, Colombia y Perú, además del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano en 2023.
