El secretario de la Marina, Carlos Del Toro, violó la ley al respaldar públicamente la reelección del presidente Joe Biden y criticar al expresidente Donald Trump en varias declaraciones que hizo mientras estaba en servicio oficial en el extranjero, dijo el jueves la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos.
En un informe enviado a la Casa Blanca, la agencia de vigilancia dijo que los comentarios de Del Toro sobre las elecciones presidenciales se produjeron en una entrevista con la BBC y cuando respondía a preguntas tras un discurso en Londres. Si bien luego informó de sus comentarios, su falta de voluntad para asumir la responsabilidad por ellos es preocupante, dijo el fiscal especial.
La agencia dijo que los comentarios de Del Toro, que se hicieron antes de que Biden abandonara la carrera presidencial, violan la Ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios estadounidenses participar en actividades políticas mientras están de servicio y “usar su autoridad o influencia oficial para interferir o afectar el resultado de una elección”.
“Estados Unidos y el mundo necesitan el liderazgo maduro del presidente Biden”, dijo Del Toro en respuesta a una pregunta después de dar un discurso en el Royal United Services Institute a fines de enero. Agregó: “No podemos permitirnos tener un presidente que se alinee con dictadores autocráticos y gobernantes cuya interpretación de los principios democráticos es sospechosa (en el mejor de los casos)”.
Más tarde, durante una entrevista en BBC News Sunday, se le preguntó a Del Toro sobre sus comentarios sobre los principios democráticos de Trump. Del Toro respondió que, en el pasado, los presidentes republicanos y demócratas respetaban los valores estadounidenses fundamentales y protegían la democracia. “Cuando conoces a alguien que no se alinea con esos principios fundamentales, te preguntas: ¿deberías apoyar a esa persona?”, dijo.
A Del Toro le preguntaron: “¿Usted dijo que tenía una actitud sospechosa hacia la democracia?” Y el secretario de la Marina respondió: “Absolutamente”.
Varios días después, Del Toro le informó al fiscal especial sobre su error y dijo que su intención era centrarse en la importancia de contar con alianzas internacionales sólidas. Pero, agregó: “En retrospectiva, creo que mi respuesta debería haber sido más amplia, sin hacer referencia a candidatos específicos”.
En una respuesta escrita separada a las conclusiones del organismo de control, el abogado del secretario, Michael Bromwich, dijo que los comentarios de Del Toro fueron “espontáneos y no premeditados” y no constituyeron una violación de la Ley Hatch. Bromwich dijo que Del Toro estaba respondiendo preguntas y no mencionó directamente el nombre de Trump.
El fiscal especial Hampton Dellinger dijo en su informe que Del Toro “cruzó una línea legal” y agregó que la “falta de voluntad del secretario para reconocer un error es sorprendente” y preocupante.
Cuando se le preguntó sobre la violación, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo en una reunión informativa que el departamento está revisando el informe. Agregó que “es importante que mantengamos la confianza del pueblo estadounidense, lo que requiere que evitemos cualquier acción que pueda implicar el apoyo a cualquier partido político, candidato o campaña”.
El capitán de la Armada, Clay Doss, dijo en un comunicado que el servicio recibió una copia del informe el jueves y que “este asunto se abordará a través del proceso apropiado”.
Dellinger dijo que aprecia que Del Toro haya informado sobre los comentarios, “pero este hecho por sí solo no debería absolverlo”. Del Toro también ha emitido su propia directiva para su fuerza naval, dijo Dellinger, señalando que “es más importante que nunca que recordemos que el DON (Departamento de la Marina) es un organismo apolítico… La confianza pública depende de esto”.
Los hallazgos llegan después de que dos miembros demócratas del Congreso enviaran una carta a los dos principales líderes del Pentágono en agosto, presionándolos para garantizar que el ejército no se vea involucrado en la política durante las elecciones presidenciales.
Los funcionarios de carrera del gobierno que hayan violado la Ley Hatch pueden ser despedidos, suspendidos o degradados y multados hasta con 1000 dólares, aunque pocas sanciones se imponen contra los empleados federales.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
