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Una familia inmigrante fue separada por la fuerza en Texas. Así viven seis meses después

Autor: Univision

Angelys Castillo y Héctor Raffle se imaginaban en el clima tropical de Florida, cerca de una playa y en medio de las palmeras verdes de Tampa, pero seis meses después de haber cruzado la frontera y haber sufrido de una separación forzada a manos del estado de Texas, la familia se adapta a una fría ciudad, donde abundan los rascacielos y el bullicio de los transeúntes frente al Lago Michigan.

La pareja casada, que proviene de Barquisimeto, Venezuela, terminó en Chicago sin poder trabajar aún, mientras esperan su fecha en corte para regular su estatus de asilo. Sus hijas están comenzando a ir a una escuela que queda a unas dos horas de distancia de casa por tren y están aprendiendo inglés.

La familia dijo que salió de Venezuela a causa del gobierno y sus políticas, en busca de una protección para su familia.

Aunque dicen estar agradecidos de tener una nueva vida en Estados Unidos luego de partir en mayo de 2023 de Sudamérica, donde incluso pasaron por la selva del Darién, ellos vivieron un proceso traumático al pisar suelo texano: la familia estuvo alrededor de 40 días separada cuando llegó el verano pasado, y las hijas no paraban de llorar.

El 13 de julio, una vez que dijeron cruzar el Río Bravo junto con sus hijas, cerca de Eagle Pass, Héctor, de 32 años, fue llevado a una cárcel de Texas y aseguró recibir cargos criminales por intrusión a la propiedad privada, descritos en la sección 30.05 del Código Penal de Texas. Angelys, de 27, y las niñas 8 y 11 años fueron puestas bajo custodia de inmigración federal, a cargo de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta fue una de las familias que buscaba asilo y que vivió una táctica de separación forzada, donde el estado de Texas se llevaba a los padres varones a cárceles del estado, y a las mujeres y niños los entregaban a CBP. Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), confirmó a Univision en agosto de 2023 que estos casos ocurrieron.

Angustiados y con incertidumbre, la familia se enfrentó a un complejo sistema penal y migratorio, con una barrera del idioma, soportando frías temperaturas en los centros de detención, y sin poder comunicarse.

Héctor, Angelys y sus hijas sufrieron los estragos de una amplia disputa legal entre Texas y el gobierno de Estados Unidos para determinar quién puede tomar el control de un proceso migratorio, y qué tan lejos un estado puede llegar a poner a prueba los límites de su poder jurisdiccional.

Al menos 40 familias separadas bajo este esquema fueron representadas en agosto por Lone Star Defenders (antes Lubbock Private Defenders’ Office), había dicho Amrutha Jindal, directora ejecutiva de este grupo de abogados defensores de arrestados bajo Operation Lone Star (OLS).

OLS es un operativo de Texas –no federal– donde autoridades estatales llevan a cabo labores contra los cruces de inmigrantes, compuesto por DPS y la Guardia Nacional de Texas, el cual comenzó en marzo de 2021.

La crónica de una separación: el momento en que Héctor fue apartado de su familia y su recorrido por cárceles de Texas

Cuando la familia llegó a Piedras Negras, se intentó entregar del lado estadounidense cerca de Eagle Pass, donde vieron a agentes vestidos de militares: usualmente, así visten los miembros de la Guardia Nacional de Texas, diferente a los uniformes de CBP.

“Los militares nos decían que nos fuéramos por toda la orilla del río, que no violáramos la cerca, que abajo… abajo al final ya no había cerca y por ahí nos teníamos que meter”, cuenta Héctor.

“Cuando llegamos al final estaban unos militares, incluso no quisimos subir porque estaban ellos ahí, estábamos esperando a migración”.

Uno de los agentes les ordenó subir, pero comenzaron a dividir a hombres y mujeres solteras, y familias. Después, una camioneta llegó y separaron a Héctor de sus seres queridos, a pesar de que aseguraron mostrar el acta de matrimonio de ambos, pero que habría sido ignorada por autoridades.

Sus hijas comenzaron a llorar y agarraron las piernas de su papá.

“Mis hijas se sintieron muy mal. Incluso, a mi esposa la mandaron a un psicólogo. Quedó sufriendo de depresión, de ansiedad, por lo mismo, porque no sabía nada de mí”, relata Héctor como consecuencia del proceso de separación que vivieron.

Michu, su gata de 4 años a quien también dijeron traerse de Venezuela, fue separada y después adoptada por otra familia. Meses después, pudieron recuperarla.

Héctor fue llevado a las cárceles de Briscoe y después a Sevogia, en Texas, y afirma que le impusieron una fianza de $3,500. En esta cárcel, había presuntos criminales que estaban encerrados por otros cargos cometidos en Estados Unidos.

“Creo yo que no fue lo debido, que nos metieran con ellos. Porque nosotros era otro caso aparte y nos trataron como si fuéramos unos delincuentes”, expresa Héctor. “Eso es inhumano”.

Pasaron alrededor de 10 días para que Héctor pudiera contactar a Angelys y sus hijas. Mientras estuvo detenido, él dice que llamó a Venezuela para hablar con un familiar de su esposa y que pudieran conectarlo con sus seres queridos de quienes fue separado.

Durante su arresto, el joven padre consiguió a una abogada para poder defenderlo en su caso y fue llevado a un centro de detención de inmigración federal en Puerto Isabel, donde dice que recibió un mejor trato. Aunque no lo golpearon en las cárceles del estado, acusa que algunos de sus amigos sí sufrieron de palizas de otros reos bajo la custodia de Texas.

“Muchos de nuestros clientes compartieron que fueron humillados. Hubo mucho lenguaje antiinmigrante y xenofóbico. La calidad de comida era atroz”, cuenta la profesora.

Angelys, sola con sus hijas, es consumida por ansiedad sin saber qué pasó con su esposo al cruzar el Río Bravo

“Una como madre tenía que tratar de calmar a los niños porque era algo fuerte”, dice Angelys sobre su separación.

Aunque intentaba ser fuerte por sus hijas, ella relata que tuvo varios ataques de ansiedad durante la separación de su familia y tuvo que ver a un psicólogo, al no saber cómo manejar la situación.

“Fue traumante (traumático), yo solo fui a dar a un albergue y allá fue donde pude esperar durante nueve días”, cuenta Angelys.

“Yo preguntaba en todos lados cuando llegué a migración, preguntaba por él, dónde estaba. Las niñas desesperadas lloraban todos los días, a cada rato, era desesperante. Y yo sin saber qué decirles… nadie me daba una respuesta”.

Al estar en custodia en un centro de detención, ella cuenta que tenía mucho frío en el lugar y seguido los despertaban, a cualquier hora.

Una vez dentro de estas carpas, ella sentía que perdía la noción del tiempo, y tampoco tenía claridad de dónde estaba. Solo sabía que fue cerca de la ciudad de Laredo, hacia el sur.

Luego de haber estado detenida en inmigración, Angelys fue llevada a un albergue. En este refugio, una asociación les explicó sobre un programa que daba apoyos a personas que esperan para recibir asilo, que les da beneficio de tres meses de renta.

Así se reunió la pareja en Chicago, a más de mil millas de distancia

Luego de estar en el albergue, Angelys y sus hijas fueron llevadas a un aeropuerto para dirigirse a Chicago.

Y una vez que Héctor salió de custodia de inmigración federal, se fue en autobús para finalmente reunirse con su familia en esta ciudad el 20 de agosto de 2023.

“(Fue) lo mejor. La felicidad y la familia, y creo que era como que me fueran mochado los brazos sin tener a mis hijas, no sé, era como si me hubieran arrancado mi corazón”, dice el padre sobre reunirse con su familia.

Un amigo de Héctor ya había emigrado a Estados Unidos, específicamente Florida, y la familia tenía como plan inicial llegar a Tampa. Pero a raíz de la separación, y que Angelys no tenía los datos para llegar a Florida, ellos terminaron en La Ciudad de los Vientos.

Las pequeñas están aprendiendo inglés en la escuela y tienen un programa para lograr un dominio del idioma. Esto difiere al sistema educativo de Venezuela, donde casi no hay clases, según Angelys.

La familia aún no sabe cómo se llama la zona en la que viven de Chicago, pero mencionan que es en el sur. Sus hijas fueron asignadas a una escuela en el norte de la ciudad, pero en automóvil esto queda a unos 45 minutos, y en tren, casi dos horas. Por ello, están intentando transferirlas a otra escuela cerca de su apartamento.

Angelys y Héctor no hablan mucho con sus vecinos, ya que son nuevos en la zona, y aunque dentro de su rutina diaria no está el trabajo porque aún no tienen un permiso, ellos van a una iglesia cristiana e hispana los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

Ahí conviven con gente de diferentes nacionalidades de Latinoamérica.

Pronto, estos padres tendrán fecha de corte para regular su estatus migratorio. “La verdad tengo que asistir, pero a la vez siento como miedo de que me vuelvan a separar de mi familia”, confiesa Héctor sobre regresar a un sistema de gobierno.

Angelys tiene su audiencia en Florida y no ha podido hacer el cambio de dirección para tenerla en Chicago, un proceso que no es sencillo, explica la profesora Steglich.

“Nuestro sistema de inmigración no lo hace fácil”, dice. Para poder cambiar un sitio de corte, debe hacerse una moción o petición formal para una actualización de dirección. Estos procesos burocráticos con el sistema migratorio incluso pueden ser difíciles para estudiantes de leyes, menciona la profesora.

“Diré que de todos modos, esto es algo que creo que retaría a la mayoría de nosotros. Hablando inglés y con algo de familiaridad sobre cómo se ve la corte en televisión. Es muy, muy difícil”.

El objetivo de OLS es para afirmar que las personas migrantes son criminales, sostiene una abogada

Operation Lone Star contrasta con lo que hace CBP: mientras que los agentes de inmigración federal han cortado cables de concertina para rescatar a inmigrantes a la orilla del Río Bravo, los agentes que sirven a OLS siguen órdenes de Texas y colocan más alambres. El gobernador Greg Abbott ha criticado abiertamente en su cuenta de X, antes Twitter, la práctica de cortar los cables.

Incluso, la agencia federal de CBP tuvo una disputa en enero de 2024 para poder entrar a lugares controlados por guardias de OLS en la frontera junto al río.

Históricamente, las cortes de Estados Unidos han emitido fallos de que las detenciones de personas por el hecho de ser migrantes le corresponde al gobierno federal, como el caso de Arizona v. Estados Unidos, en 2012, ante la Suprema Corte de Justicia.

Para arrestar a estas personas que buscan asilo, una táctica que Texas llevó a cabo fue entregar declaraciones juradas a dueños de propiedades privadas junto al Río Bravo, en la que daban su consentimiento de que agentes entraran a los sitios para monitorear a las personas migrantes que ingresaban.

Sin embargo, para que el delito de intrusión a la propiedad privada ocurra, debe haber un aviso o notificación de que la entrada está prohibida, y que la persona no se fue del lugar a pesar de habérselo mencionado, detalla el Código Penal de Texas.

“En un caso en particular había un poste y un pedazo de madera, como una tabla que estaba pegada y estaba pintada de morado. Yo tuve que buscarlo (el significado). No sabía que el morado significaba ‘esto es propiedad privada’”, comenta Steglich sobre un caso que ella revisó.

“El objetivo (de Operation Lone Star) es criminalizar a los migrantes y romper aún más la narrativa de que esto es una ‘oleada de crimen’ golpeando a Texas, en lugar de la necesidad humanitaria”, aseveró la también codirectora de la clínica, luego de una pregunta expresa sobre por qué el estado usa el delito de intrusión a la propiedad para detener a personas.

Adicionalmente, bajo OLS, es posible que las personas migrantes tengan menor conocimiento de lo que ocurre con sus casos.

Por ejemplo, una persona que representó la clínica de inmigración de la Universidad de Texas, no comprendía siquiera bajo qué agencia estaba detenida o por qué le daban cargos por intrusión a la propiedad privada.

La diferencia entre las separaciones de familias migrantes en los años de Trump con las de Texas de 2023

En un panel que tuvo con CNN en mayo de 2023, el expresidente Donald Trump no negó la posibilidad de revivir una política migratoria para separar a familias. Pero en diciembre del año pasado, un juez federal prohibió por ocho años separar a familias migrantes, reportó AP.

Sin embargo, esta práctica difiere a la que ocurrió en Texas en 2023: en el Estado de la Estrella Solitaria aprovecharon la bifurcación de jurisdicciones entre el nivel federal y estatal y solo separaban a padres varones de su familia, pero en los años de Trump, esto ocurría a manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e incluso los niños eran separados.

Más de 5,000 padres migrantes fueron separados de sus hijos durante su administración, de acuerdo con cifras de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Univision contactó a Texas DPS para confirmar si la técnica de separaciones terminó y cuándo, y conocer si tienen registro de cifras de las unidades familiares separadas. No se ha conseguido una respuesta.

También contactó a CBP para conocer si el gobierno federal tomó algún tipo de registro de familias separadas en el periodo de julio a agosto de 2023, pero tampoco han respondido.

Texas y Estados Unidos van a cortes superiores por múltiples casos relacionados con migraciones

Las separaciones forzadas de familias fueron solamente una pieza en un caso amplio de disputas entre el gobierno estatal y el federal.

Desde julio de 2023, Texas y Estados Unidos han luchado en tribunales sobre al menos tres medidas que el estado ha implementado, a las cuales la administración de Joe Biden se posicionó en contra.

El 7 de julio, la instalación de una serie de boyas flotantes comenzó en el Río Bravo para tratar de detener a personas migrantes que intentaban cruzar hacia Texas. La medida fue impulsada por el gobernador Greg Abbott y en conjunto con DPS.

El Departamento de Justicia argumentó que esto viola la Ley de Ríos y Puertos de Estados Unidos, donde dice que no se pueden construir estructuras sin previo aviso. Al estar ancladas a una barrera de concreto dentro del río, el gobierno federal asegura que esto es una estructura y que obstruyen las “aguas navegables”, de acuerdo con documentos de corte.

Texas considera que la evidencia de Estados Unidos sobre la navegabilidad en el Río Bravo no es suficiente, porque aseguran que hay rocas y bancos de arena en algunas zonas que impiden a barcos comerciales cruzar.

En otra disputa, el estado de Texas interpuso una petición en octubre de 2023 para que los oficiales de CBP no pudieran cortar los alambres de púas que están a la orilla del río, de acuerdo con documentos judiciales, pero la Suprema Corte emitió una decisión en enero de 2024 para permitir que los agentes federales retiraran este cableado, según el documento público.

A pesar de la orden, Abbott prometió que esto no terminaría y que pondrían más cableado, y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado que aún había pendiente una audiencia con el Quinto Circuito de Apelaciones. Esto sigue bajo litigio, muestran registros federales.

En tercer lugar, el gobierno federal también demandó a Texas en enero por aprobar la ley SB 4, que permitirá a policías locales, sheriffs y agentes de DPS arrestar a personas migrantes por su estatus, similar a lo que Arizona intentó hacer en 2010.

Aunque se emita una orden de suspensión contra la ley, algo que busca el Departamento de Justicia, es posible que la lucha se eleve al Quinto Circuito de Apelaciones e incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.

En medio de las luchas entre el estado y el gobierno federal, y de las separaciones forzadas de 2023 donde las familias terminaron perdidas en los distintos niveles de gobierno, Héctor y Angelys están contentos de estar unidos en Chicago.

Pero la experiencia que vivieron en la frontera será inolvidable para ambos.

“Nunca, nunca me había separado de mis hijas”, dice Héctor.

“Nunca me había separado de mi esposa, hasta ese día 13 de julio, que nunca lo voy a olvidar, de 2023, que me separaron de mis niñas”.

Este trabajo fue realizado en el marco de la formación para periodistas “Cambiar la mirada. Nuevas narrativas sobre migración”, convocada por la Oficina Regional para América Central y el Caribe de ONU Derechos Humanos, en colaboración con el Departamento Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Centre d’Estudis i Recerca en Migracions.

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