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Estados Unidos critica en nuevo reporte estrategia antidrogas del gobierno de Petro

Autor: Sergio Gomez Maseri

Para frenar la expansión de los cultivos de coca en el país, Colombia tendría no solo que expandir “de manera dramática” el desarrollo y la seguridad en zonas rurales sino continuar erradicando plantaciones de manera forzosa, ampliar la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos.

Esa es la principal conclusión del Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos (INCRS, por su sigla en inglés), el informe anual que produce el Departamento de Estado en el que evalúa la lucha contra las drogas a nivel mundial.

El reporte, conocido por este diario, también dice que tanto los programas de sustitución como aquellos encaminados al desarrollo rural deben ser debidamente financiados para garantizar que las reducciones de los cultivos sean sostenibles a largo plazo.

“El cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores. Para prevenir un crecimiento adicional del cultivo de coca, Colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad y el desarrollo rural, mientras continúa con la erradicación forzada, amplía la erradicación (voluntaria) y aumenta las operaciones de interdicción de cocaína y precursores”, dice el informe en un de sus apartes.

El cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores.

El reporte destaca, a su vez, los esfuerzos de interdicción que viene haciendo tanto la Policía como el Ejército para impedir el ingreso a EE. UU. de cientos de toneladas de cocaína y menciona como, pese al cambio de enfoque que se ha vivido bajo la administración de Gustavo Petro, la cooperación con el país se ha sostenido en materia de lucha antinarcóticos.

De acuerdo con el informe, Colombia reportó el decomisó de más de 841 toneladas métricas de coca a lo largo del 2023, un incremento de casi el 10 por ciento frente a las 766 que se documentaron en el 2022. Así mismo, se contabilizó la destrucción de 5260 laboratorios para la producción de cocaína, un 12 por ciento más que lo reportado en el período anterior.

Pero el informe también menciona como Colombia solo erradicó unas 20 mil hectáreas de coca el año pasado frente a las 69.000 del año 2022 y que equivale a una disminución del 70 por ciento.

“El presidente colombiano Gustavo Petro le restó énfasis a la erradicación forzosa y algunos miembros de su administración la describieron como una táctica ineficiente, con poca utilidad a largo plazo, y efectos secundarios negativos. Además, las fuerzas colombianas fueron llamadas periódicamente para responder a las protestas y abordar los problemas de seguridad ciudadana en los centros urbanos, que limitaron la capacidad general de erradicación durante todo el año; el ejército dejó de realizar operaciones de erradicación forzada por completo”, señala el informe.

El presidente Gustavo Petro en la cumbre de la Celac, en San Vicente y las Granadinas.

El presidente Gustavo Petro en la cumbre de la Celac, en San Vicente y las Granadinas.

Foto:Presidencia

Según el Departamento de Estado, si bien la erradicación forzosa continuó, su ritmo se redujo de manera considerable y se suspendió por completo en algunas zonas del país.

Al describir la nueva política de drogas del presidente Petro, lanzada en septiembre del 2023, el Departamento de Estado afirma que trata de equilibrar el desarrollo rural y programas antidrogas en un esfuerzo por abordar la seguridad y la gobernanza en las zonas rurales.

“El objetivo principal de la política es trasladar a 50.000 de los 115.000 productores de coca en pequeña escala a alternativas licitas el año 2026 y así reducir el cultivo de coca en 90.000 hectáreas. El plan promueve un enfoque interinstitucional y de todo el gobierno que está en gran medida en consonancia con la Estrategia Antinarcóticos holística entre Estados Unidos y Colombia”, sostiene el informe.

Sin embargo, dice el informe, su implementación enfrenta no solo obstáculos operativos sino presupuestarios.

“El gobierno colombiano estima que la política costará US $5.200 millones de dólares provenientes de diferentes agencias, pero esto no sería dinero nuevo. El gobierno no ha identificado las fuentes presupuestarias para la implementación de esta política de drogas”, se afirma en el informe.

Además -continúa el Departamento de Estado-, “la política carece de un mecanismo de coordinación de alto nivel para garantizar su implementación efectiva en áreas geográficas prioritarias, incluidas las zonas rurales con débil presencia institucional. La estrategia es prometedora para abordar los problemas institucionales que limitan la seguridad y el desarrollo económico en la Colombia rural, pero el gobierno necesita financiar y apoyar adecuadamente la implementación para garantizar su éxito”.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

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