El Gobierno de Joe Biden tiene que ofrecer albegue seguro “de manera rápida” a los menores inmigrantes que cruzan la frontera incluso si aún no han sido procesados formalmente, en lugar de dejarlos permanecer a la intemperie en campamentos improvisados, dictaminó el miércoles por la noche una jueza federal. La Administración demócrata se había negado a cobijarlos,
La juez Dolly M. Gee, del Tribunal del Distrito Central de California, dictaminó que los menores inmigrantes en centros de procesamiento a lo largo de la frontera están bajo custodia legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), por lo que tienen derechos básicos como un entorno higiénico y seguro, sin importar si han sido procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza.
La decisión de la magistrada responde a una demanda colectiva impuesta por abogados que representan a menores inmigrantes que alegan no haber recibido albergue seguro antes de ser procesados. Defensores de los inmigrantes han denunciado que muchas veces estos deben esperar por su turno bajo condiciones inclementes, como sol, frío y lluvia.
La gran afluencia de cruces ilegales, que registró un récord a finales de 2023, ha provocado que los centros de procesamiento a lo largo de la frontera estén saturados y el proceso tome más tiempo. En al menos uno de ellos, ubicado en el sur del condado de San Diego, California, los inmigrantes han tenido que esperar por días enteros en campamentos improvisados para ser procesados.
Se espera que la orden judicial, que entró en vigor de inmediato, impacte a miles de niños inmigrantes y que obligue a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a dedicar más recursos para atender el alto flujo de solicitantes de asilo.
El Gobierno de Biden alegaba que los menores todavía no estaban formalmente bajo custodia estadounidense, por lo que no tenía obligación de cobijarlos. No obstante, la jueza citó que los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen potestad para brindarles ayuda y tratamiento médico.
“La capacidad de tomar decisiones que afectan a la salud y el bienestar de un menor es indicativo de mantener su custodia legal”, se lee en su dictamen de 12 páginas. “Los menores, a diferencia de los adultos, siempre están bajo algún tipo de custodia”.
La magistrada rechazó la solicitud para que se estableciera un plazo preciso sobre el tiempo en que los menores pueden estar en campamentos a la intemperie y reiteró que debían procesarlos con premura y cobijarlos en lugares seguros y “coherentes con la preocupación del DHS por su especial vulnerabilidad”.
No obstante, la jueza precisó que la Patrulla Fronteriza podrá tomarse el tiempo “razonablemente” necesario “para preparar al menor y/o para organizar su traslado a una instalación más adecuada”.
El Acuerdo Flores
La demanda colectiva contra el Gobierno argumentó que los menores a la intemperie debían ser cobijados en virtud de un decreto de 1997, conocido como el Acuerdo Flores, que establece normas para el trato menores inmigrantes bajo custodia.
El acuerdo exige que el Gobierno les proporcionen suministros básicos a los menores y que se los cobije en instalaciones autorizadas.
Los abogados de los menores presentaron en febrero una moción para que esas mismas normas se ampliaran a los menores que estaban a la intemperie, aunque estos no habían sido detenidos de manera formal.
La defensa del Departamento de Justicia, que basó sus argumentos en que los menores no estaban formalmente bajo custodia, no argumentó sobre las precarias condiciones de los campamentos al aire libre.
Un alto funcionario de CBP le dijo a The New York Times que el actual sistema de inmigración no está preparado para responder a la gran afluencia de inmigrantes y precisó que las sentencias judiciales no traen consigo los recursos necesarios para atender a la crisis migratoria.
Aunque la jueza aceptó que existen estas “dificultades prácticas”, también dejó claro que la agencia no estaba procesando a los menores con la rapidez necesaria.
