La Generalitat exige a Sánchez más agentes frente a la inmigración ilegal y el aumento de los delitos

La consejera valenciana de Justicia Elisa Núñez ha reclamado este miércoles más agentes para hacer frente a la inmigración ilegal y al aumento de los delitos, después de que representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) le hayan transmitido a Elisa Núñez que los catálogos de puestos de trabajo del Ministerio del Interior en este territorio están «obsoletos» porque no se renuevan desde desde 2010 y 2008, respectivamente. Y que esa situación les hace hallarse «infradotados» ante la realidad delincuencial por el aumento de la población y el incremento de la inmigración ilegal.

Una infradotación que afecta también al número de policías nacionales adscritos a la Policía Autonómica, que reclama, a su vez, un incremento de 104 agentes más. Precisamente, por los retos que ofrece esa nueva realidad poblacional y la inmigración ilegal.

Elisa Núñez ha reclamado al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska que «actualice y aumente» el catálogo de puestos de trabajo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Una petición que ha formulado ante, precisamente, el crecimiento de la población en este territorio y el aumento de la criminalidad, «que revelan los propios datos del Ministerio».

El problema, según ha explicado Elisa Núñez, se fundamenta en que los datos que maneja Interior para dotar de los medios necesarios a ambos cuerpos son los de empadronamiento, «obviando los datos de los no empadronados y los de inmigración ilegal, que son ajenos a estos registros».

La cuestión comienza ser muy grave en la Comunidad Valenciana. Sobre todo, a tenor de los registros de aumento de los delitos que, en la Comunidad Valenciana, arrojan un ascenso de un 8,1%, un registro que supera en dos puntos porcentuales la media española.

Pero, además, también se ha incrementado la inmigración ilegal: «Un tema que sabemos incómodo, pero que es preocupante», ha explicado Elisa Núñez. Porque en 2023, llegaron a España 56.872 inmigrantes ilegales. Este registro supone un incremento del 82% respecto a 2022. De esos 56.872 inmigrantes ilegales que entraron en España en 2023, sólo 3.090 han sido expulsados, según los datos ofrecidos por Elisa Núñez.

La consejera de Justicia valenciana ha manifestado que se trata de «una muestra más de cómo el Gobierno de España mira hacia otro lado frente a las oleadas de personas que pretenden llegar de forma ilegal» y que según ha recordado también «suelen ser víctimas de las mafias».

No es este el único dato negativo que ha experimentado la Comunidad Valenciana en materia de seguridad. Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, el tráfico de drogas ha aumentado un 24%, tres veces por encima de la media española. En tanto que homicidios y asesinatos han aumentado un 18,2%.

Los robos con violencia también han crecido. En concreto, un 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. E igual ocurre en lo referente a los delitos contra la libertad sexual, que han aumentado un 8,6%, con una media superior a los seis delitos diarios en la Comunidad Valenciana.

En la reunión mantenida por la consejera de Justicia valenciana con CEP y AEGC se han abordado, además, los casos concretos de dos municipios valencianos: Torrent y Alcira.

En el caso de Torrent, su censo poblacional actual es de 91.831 habitantes, pero la realidad, según ha explicado Elisa Núñez es que el municipio alberga una población «real» que supera los 100.000 habitantes. Con ello, el número de denuncias se ha elevado un 12,4% y el aumento de los detenidos ha sido de un 30%, lo que evidencia la necesidad de más efectivos.

En el caso de Alcira, la consejera ha reclamado también más Policía Nacional y más Guardia Civil para hacer frente al incremento de los hurtos de productos agrícolas y al «crecimiento exponencial» de robos en segundas viviendas.

Elisa Núñez se ha ofrecido a mantener una reunión con la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, precisamente para abordar todos estos asuntos, porque las competencias en materia de Seguridad corresponden al Gobierno de España.