El mismo día en que Nicolás Maduro recibía a Gustavo Petro en Caracas, funcionarios de la administración Biden se reunieron en secreto con delegados de la dictadura venezolana en Ciudad de México, a pocos días de que se cumpla la fecha límite para reestablecer las sanciones contra la industria petrolera venezolana por parte de Washington.
A la reunión, según Bloomberg, asistieron altos representantes de la administración del gobierno norteamericano, como Daniel Erikson, asistente especial del presidente y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el jefe de la Misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos y también embajador en Colombia, Francisco Palmieri. El régimen de Caracas estuvo representado por Jorge Rodríguez, canciller de Maduro.
Sin un comunicado oficial sobre los puntos abordados, esta reunión secreta tuvo lugar días antes del 18 de abril, cuando expira la licencia que Biden les otorgó por seis meses a las petroleras norteamericanas para operar en territorio venezolano y que desbloqueó las actividades de Chevron, la mayor empresa privada en activos en Venezuela. En el país también operan las petroleras Eni (Italia) y Repsol (España).
Estimaciones de Ecoanalítica, una consultora venezolana, apuntan que con el otorgamiento de esta licencia la producción diaria de petróleo aumentó casi 200.000 barriles en tres años, llegando, según cálculos de febrero, a 800.000 barriles diarios, una cifra no vista desde 2017, cuando progresivamente Washington empezó su política de sanciones contra el régimen chavista.
Sanciones o energía
Con el incumplimiento por parte del régimen de los Acuerdos de Barbados, un pacto parcial sobre la promoción de derecho políticos y garantías electorales para todos, violado por el chavismo tras no permitir la inscripción de la candidata opositora María Corina Machado –además de otras razones–, Estados Unidos se encuentra ante una difícil decisión.
En varias oportunidades, Washington ha dicho que si Maduro incumple lo pactado en Barbados, no va a prorrogar la licencia petrolera e impondrá sanciones adicionales. Ese parece ser el camino que va a seguir este 18 de abril, salvo que en los próximos días el régimen chavista permita no sólo la inscripción de Machado, sino la autorización de entrada a múltiples observadores internacionales para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Diferentes analistas, sin embargo, coinciden en que la administración Biden, pese al incumplimiento del régimen, se abstendría de imponer nuevamente sanciones y congelar la licencia petrolera y de gas.
Esta decisión, más que todo, pasa por las dinámicas internas de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de noviembre de este año. También se enmarca en un contexto geopolítica cambiante en el que Washington quiere tener mayor protagonismo ante el dominio de China en Sudamérica.
En su apuesta por reelegirse, Joe Biden apunta a que los precios de la gasolina en Estados Unidos continúen bajando gracias al aumento de la producción de petróleo en Venezuela. Si se congela la licencia de Chevron, los consumidores norteamericanos sentirían el alza de precios por una reducción en la oferta, responsabilizando al gobierno de turno de la situación, que viene defendiendo su gestión económica como una de las razones para reelegirse.
Desde hace meses, funcionarios de alto nivel de la administración Biden, como Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional, y Jon Finer, asesor adjunto de seguridad nacional, defienden un enfoque frente al régimen de Maduro que priorice los intereses estratégicos de Estados Unidos por encima de la transición política inmediata, según Bloomberg.
Prioritariamente, Washington estaría interesado en defender sus intereses energéticos, en los que Venezuela, o el régimen de Maduro, juega un rol importante. “La Casa Blanca ha caminado por una delgada línea entre perseguir los intereses energéticos y geopolíticos de Estados Unidos y, al mismo tiempo, tratar de fomentar una apertura democrática gradual en Caracas”, dice Geoff Ramsey, director para Venezuela del Atlantic Council, consultado por “The Wall Street Journal”.
Energía sobre democracia, parece ser la política de Biden en Venezuela, o al menos es lo que ven sus críticos, que esperan que el próximo jueves 18 de abril la Casa Blanca no prorrogue la licencia para explotar petróleo y gas, un golpe duro a las finanzas venezolanas. Jhon Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, calcula que las sanciones impuestas al régimen desde 2017 han generado pérdidas por más de 11.000 millones de dólares anuales por la falta de ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo.
Un sector mayoritario del Congreso norteamericano estaría a favor de imponer nuevas sanciones, dado el incumplimiento de los Acuerdos de Barbados. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin, y los senadores republicanos Marco Rubio y Bill Cassidy han pedido “considerar sanciones individuales para los responsables directos de las acciones represivas”. “Estados Unidos y la comunidad internacional deben responder con rapidez y exigir responsabilidades al régimen”, escribieron en un comunicado.
Geopolítica
Detrás de los motivos de Washington también parece haber un desgaste tras implementar otras medidas que no han llevado al fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Un breve repaso de los últimos seis años demuestra que las primeras sanciones financieras fueron impuestas, en 2017, por Trump. Luego vinieron medidas individuales contra más de 150 miembros del régimen de Maduro, hasta sancionar a la industria petrolera en 2019 como parte de la estrategia de Trump y sus aliados para apoyar el gobierno interino de Juan Guaidó y bloquear todo tipo de activos con los que el régimen pudiera sobrevivir.
Sin embargo, Maduro y su cúpula han resistido, sacando provecho de una serie de alianzas con socios estratégicos como Rusia, China e Irán, que sirven de puente para acceder a los mercados financieros y exportar petróleo. Como se sabe, el resultado de estas alianzas ha sido mediocre para lo que se espera de una economía petrolera del tamaño de Venezuela, pero suficiente para aguantar las sanciones.
Para Estados Unidos, la presencia de China y Rusia en la parte norte de Sudamérica representa una amenaza para la seguridad nacional y otro de los motivos por los que eventualmente no prorrogaría las sanciones. Según Ramsey, en su charla con “The Wall Street Journal”, “mantener la política actual supone una mayor oportunidad de mantener a Venezuela como parte del mercado occidental, menos inclinada a girar en la dirección de China e Irán”.
Con la mira en el 18 de abril, la administración de Biden se acerca a un momento crítico en su postura frente a Venezuela. Si prioriza sus intereses energéticos, con el argumento político de que las sanciones no han sido eficientes, puede legitimar a Maduro y darle fuerza de cara a unas elecciones presidenciales que por lo visto no tendrán las garantías electorales. Si por el contrario opta por no prorrogar la licencia de gas y petróleo, los votantes norteamericanos llegarían molestos por los precios de la gasolina para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Un indeseable ambiente electoral, como el también problemático escenario de dejar todo el espacio libre para que China y Rusia sigan actuando sin contrapeso en Venezuela.
*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.
