A golpe de acciones ejecutivas y memorandos internos, durante su gobierno Donald Trump estableció una política migratoria de ”tolerancia cero’ que amenazó con deportar a los 11.5 millones de inmigrantes indocumentados que había en ese entonces en el país y detener el cruce ilegal por las fronteras.
Al término de su mandato, los resultados no fueron los prometidos durante su campaña. La población indocumentada se mantuvo igual, la Corte de Inmigración (EOIR) aumentó de 529,000 a principios de enero de 2017 a más de 1.2 millones en enero de 2021, y durante sus dos primeros años en la Casa Blanca el cruce indocumentado exitoso creció 11 puntos porcentuales, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Ahora que la campaña por la nominación presidencial republicana toma fuerza y todo indica que será el adversario del presidente Joe Biden en primer martes de noviembre. Trump vuelve a amenazar con deportaciones masivas de indocumentados, el cierre de las fronteras, continuar con la construcción del muro en la frontera con y restricciones a la inmigración legal. Se trata de lo mismo prometido en 2016, pero el candidato promete que esta vez será más duro.
Hacia dónde apunta el plan de Trump
Desde el inicio de su gobierno, Trump intentó llevar a cabo deportaciones masivas. El 25 de enero de 2017 firmó dos órdenes ejecutivas que criminalizaron la estadía indocumentada y estableció nuevas prioridades de deportación, que incluyeron a la totalidad de indocumentados que había en el país.
Incluso intentó utilizar “aviones y bases militares” para ese propósito, dijo el diario The Washington Post la semana pasada. Tres años después de dejar el poder y con una campaña a punto de ganar nuevamente la nominación presidencial del Partido Republicano, el magnate vuelve a prometer deportaciones a gran escala, esta vez, de manera agresiva y con el apoyo del ejército.
La advertencia, sin embargo, por el momento no menciona si sólo estarán en el banquillo de las deportaciones aquellos extranjeros indocumentados y/o no admitidos legalmente en los últimos tres años (durante lo que va del gobierno de Biden) o si incluirá a los 10.5 millones de sin papeles, la mayoría de los cuales llevan tiempo el Estados Unidos y formaron familias y tienen hijos cónyuges e hijos estadounidenses.
Tema de campaña
No cabe ninguna duda que la estratega de Trump puso el tema migratorio en el centro del debate electoral 2024. Y aunque durante su gobierno no fue capaz de consolidar la estrategia de tolerancia cero porque los tribunales de justicia no se lo permitieron y el Congreso (controlado en los dos primeros años por los republicanos) no avaló sus planes, esta vez ha vuelto a la carga con una agenda de anuncios que están siendo evaluados minuciosamente tanto por republicanos como demócratas.
Para Alfonso Aguilar, un exdirector de la Oficina de Ciudadanía del servicio de inmigración durante el gobierno del presidente George W. Bush y analista político republicano, las deportaciones masivas anunciadas por el expresidente Trump “no creo que sea la única solución” al problema de la inmigración irregular.
Precisó que se trata de un asunto “que quizás en el pasado muchos no hubieran contemplado, pero ante esta avalancha de personas que han llegado a la frontera ilegalmente, es un asunto que debemos considerar”.
Datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) muestran que entre 2021 y lo que va del año fiscal 2024 se han registrado más de 7.5 millones de hallazgos (detenciones) en la frontera con México. Y según datos proporcionados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, al 30 de noviembre se registraron 3,075,248 casos pendientes en la Corte de Inmigración (EOIR) frente a los 1.2 millones que había en enero de 2021 cuando Biden llegó a la Casa Blanca, un aumento de 2 millones de casos.
¿Deportarán a todos los indocumentados?
Aguilar estima que el anuncio hecho por Trump respecto a las deportaciones masivas apunta a “aquellos que han llegado recientemente de manera irregular (en los últimos tres años) y no tienen un reclamo legítimo de asilo”, cuyo número de estima entre 2 y 3 millones de acuerdo con diversas fuentes. Algunos republicanos conservadores hablan de una mayor cantidad.
“Ellos no pueden estar en Estados Unidos porque muchos no tienen una causa legal para permanecer aquí”, señala Aguilar. Y agrega que “entre ese grupo también hay muchos extranjeros no autorizados que no quieren salir por su cuenta, por lo que tienen que ser removidas”.
El analista también dijo que “la mayoría de las personas que Biden ha dejado entrar al país, no tienen un reclamo legítimo (de asilo para permanecer en Estados Unidos) y no tienen estatus. Ellos deben ser removidos”, precisó.
A la pregunta respecto si dentro de este grupo se debe considerar a los 10.5 millones de indocumentados que están en el país y llevan tiempo, Aguilar dijo que “hay que esperar a ver los detalles de la propuesta del expresidente Trump. Hay muchos que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y no sé cómo serán atendidos estos casos. Creo que todo apunta a aquellos que acaban de llegar o llevan menos de dos años. Esos tienen que ser removidos. No hay detalles en la propuesta de los otros indocumentados”.
Cabe señalar que, a principios de febrero, poco antes del fracaso de las conversaciones migratorias bipartidistas en el Senado, la Casa Blanca reconoció que en la actualidad “el 80% de los casos referidos para un proceso de asilo son desestimados y sólo el 20% ganan sus juicios”. Y respaldó la idea de modificar el estándar de “posibilidad significativa” a “posibilidad razonable”, para poder determinar en los casos de asilo sobre la evidencia de la prueba.
Los demócratas piden tomarlo en serio
Para los demócratas, la amenaza de Trump va en serio. “Pienso que el expresidente Trump está jugando una política racista tratando de traer a los extremos al debate nacional”, dice Joe García, un excongresista demócrata sur de Florida durante el gobierno de Barack Obama.
Dijo además que “aún que las leyes y las instituciones de este país son poderosas, las elecciones tienen consecuencias. Y si alguien te dice lo que ha a hacer, debes tomarlo en serio, muy en serio”, en referencia a la amenaza de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de indocumentados desde el primer día en el caso que gane la elección de noviembre y regrese a la Casa Blanca para un segundo gobierno.
De hacerlo, la pregunta entonces es si tendrá los recursos necesarios para llevar a cabo los planea de expulsiones aceleradas de extranjeros indocumentados.
La misma pregunta se planteó en abril de 2017, dos meses después de iniciado el gobierno de Trump. Según datos proporcionados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las expulsiones, la detención de extranjeros sin permiso de estadía es la parte más cara del proceso de deportación que incluye alojamiento, alimentación, tratamiento médico y otras necesidades.
Un reporte de la cadena CNN en esa ocasión, estimó que, en 2014, el costo promedio de mantener a un deportado en un centro federal de detención fue de $5,633 dólares, de acuerdo con un informe del Center for American Progress (CAP). Y que la estancia promedio era de 31 días.
ICE también reconoció que en 2016 cada deportación que hizo la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), costó a los contribuyentes un promedio de $10.854 dólares.
Qué dicen los abogados
Univision Noticias preguntó a abogados de inmigración si Trump, en caso de que el precandidato republicano gane la nominación, luego la elección de noviembre y regrese a la casa Blanca, si puede implementar la amenaza de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
“En teoría sí”, dice Armando Olmedo, coaautor del libro ‘Inmigración: las Nuevas Reglas, una guía de Univision’. “Las siguientes preguntas que deben hacerse es si tendrá los recursos para llevarlo a cabo. Lo dudo. Y también debe considerarse que esta estrategia, como ya ocurrió entre 2017 y 2021, fue demandada y frenada en los tribunales de justicia”.
Para Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, “ya el expresidente en su primer gobierno quiso hacerlo y no pudo. Enfrentó demandas y las perdió y tampoco tuvo el respaldo del Congreso, a pesar de que estaba liderado por los republicanos. No lo apoyaron y no le dieron dinero para hacerlo”.
A la pregunta si se debe tomar en serio la amenaza, Barrón dijo que “los hechos demuestran que sí y también que se puede pelear en los tribunales, luchar, cada quién, por sus derechos de permanencia y las opciones legales disponibles para no ser deportado”.
José Guerrero, un abogado que ejerce en Miami, Florida, comparte lo dicho por Barrón. “Intentará (Trump) de deportar masivamente. Que vaya a tener enfrentamientos en los tribunales, claro que sí, pero que lo ha a hacer (cumplir la amenaza), claro que sí”.
“A diferencia de la primera vez, pienso que ahora su arquitecto de la política de ‘tolerancia cero’, Stephen Miller, imagino que se está preparando mejor y tratará de no cometer los mismos errores. Pero también en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) se están preparando por si nos vemos en este escenario. Habrá que defender el debido proceso”, indicó.
Qué dice el debido proceso
“La Constitución de Estados Unidos otorga a toda persona el derecho al debido proceso”, ha dicho dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York. “Pero hace casi cincuenta años, la Corte Suprema distinguió el derecho al debido proceso de los no ciudadanos del de los ciudadanos”.
En el caso de los extranjeros, la Corte Suprema dice que el debido proceso permite a los individuos ejercer los derechos legales y los procesos judiciales que les concede la ley estadounidense. “También les permite impugnar una acción propuesta por el gobierno frente a una persona neutral que toma decisiones, como un juez”, explica el diario The New York Times.
Los tribunales de justicia sostienen que, cualquier persona que se encuentre en territorio estadounidense, está protegida por el derecho constitucional al debido proceso, incluso si entró ilegalmente al país, aunque las personas generalmente tienen mayores protecciones legales dentro de Estados Unidos que en la frontera.
El debido proceso también permite que los extranjeros a quienes se les ordena salir pueden apelar las decisiones a través de instancias civiles que involucran tribunales y jueces de inmigración, quienes actúan bajo la supervisados del Departamento de Justicia.
Incluso, si pierden un caso ante una corte de apelaciones, pueden escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia, si tienen el apoyo y los recursos adecuados para un proceso de esta envergadura.
A la pregunta si el gobierno en algunos casos puede eludir el debido proceso, Alex Gálvez, un abogado de inmigración quien ejerce en Los Ángeles, California, dijo que “solo si la persona lleva menos de 14 días en el país y se encuentra o fue detenida en las primeras 100 millas después de la frontera y no solicita asilo”.
“Quienes sean detenidos bajo estas circunstancias están menos protegidos que aquellos que llevan más de 14 días en Estados Unidos y están fuera del radio de las 100 primeras millas de la frontera”, indicó.
Respecto a qué hacer ahora en caso que en el futuro inmediato el escenario cambie y llegue un nuevo gobierno a la Casa Blanca que promueva las deportaciones masivas de indocumentados, Gálvez recomendó que los indocumentados “reúnan toda la información sobre sus casos, documentos que demuestren permanencia, actas de nacimientos, de matrimonio, nacimiento de hijos estadounidenses, verificar si tienen delitos y arreglar problemas con la ley y buscar un abogado que, en caso sea necesario, los ayude a defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.
