Washington D. C. – Más de 40 miembros del Congreso han hecho un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que “rechace inequívocamente” la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.
“El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación”, indica una carta enviada el lunes al secretario de Justicia, Merrick Garland, la cual fue suscrita por 15 miembros del Senado y 28 miembros de la Cámara de Representantes.
La carta – adelantada a El Nuevo Día -, fue hecha pública en una conferencia de prensa el miércoles en el lado este del Capitolio, con la participación de la delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, la demócrata Stacey Plaskett, y representantes de la oficina del líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raúl Grijalva (Arizona), y de organizaciones civiles, encabezadas por Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Grijalva, quien ha estado ausente del Capitolio mientras se recupera de la enfermedad del cáncer, y Plaskett lideraron la carta, apoyada por los gobernadores de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, e Islas Vírgenes, Albert Bryan.
A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares – decididos entre 1901 y 1922-, el máximo tribunal estadounidense creó el concepto de territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
Los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.
Los legisladores federales que suscriben la carta- que incluyen nueve miembros de los comités de lo Jurídico de ambas cámaras-, recordaron que los jueces asociados del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch, han pedido acabar con esa jurisprudencia. “Estuvieron basados en creencias tanto de odio como equivocadas”, ha indicado la puertorriqueña Sotomayor.
Además, afirmaron que el presidente Joe Biden ha dicho que no debe haber ciudadanos de segunda clase y que los residentes de Puerto Rico y los demás territorios deben poder ejercer su derecho a la libre determinación.
Tan reciente como el mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense, en un argumento sobre la constitucionalidad de la ley Promesa, afirmó que si bien “Estados Unidos está de acuerdo en que aspectos del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares, que invocan estereotipos racistas, son indefendibles y repugnantes … este caso no presenta ninguna ocasión para abordar los Casos Insulares”.
Grijalva, cuya comisión tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y quien ha promovido antes una resolución en busca de que el Congreso rechace la controvertida jurisprudencia, afirmó que el “Departamento de Justicia ha avanzado en la dirección correcta al criticar ‘aspectos’ de los Casos Insulares racistas como ‘indefendibles y repugnantes’… pero es hora de que vaya más allá y rechace inequívocamente estas decisiones racistas, como lo ha hecho con otras opiniones de la Corte Suprema que se basaron en estereotipos racistas que no respetan el mandato constitucional de igualdad y respeto por el estado de derecho”.
“Ni el Departamento de Justicia ni nadie más debería defender ningún “aspecto” de los Casos Insulares racistas”, dijo, por su parte, la delegada Plaskett.
La carta al Departamento de Justicia estadounidense incluye a los cuatro congresistas demócratas boricuas– Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres-, y la comisionada de Puerto Rico residente en Washington, Jenniffer González. La comisionada González y el delegado de Guam, James Moylan, son los únicos republicanos que firmaron la carta.
Los 15 senadores que suscriben la misiva son miembros del caucus demócrata, incluidos el número dos de la mayoría y presidente del Comité de lo Jurídico, Richard Durbin, el independiente Bernie Sanders (Vermont); Elizabeth Warren (Massachusetts), Martin Heinrich (Nuevo México), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Peter Welch (Vermont).
“Los Casos Insulares son una mancha en la historia de nuestro país y de su máximo tribunal… estas decisiones todavía impactan a quienes viven en territorios estadounidenses”, señaló el senador Durbin.
En la Cámara de Representantes, la carta tiene el respaldo del líder de la minoría demócrata en el comité de lo Jurídico, Jerrrold Nadler (Nueva York). “El Departamento de Justicia se encuentra en un momento crucial para corregir una injusticia histórica y poner fin al trato de segunda clase de los más de 3 millones de ciudadanos que viven en territorios estadounidenses. Nuestro gobierno hace tiempo que debería haber rechazado esta doctrina racista y discriminatoria”, dijo Nadler.
“Ni el Departamento de Justicia ni nadie más debería defender ningún “aspecto” de los Casos Insulares racistas”, dijo, por su parte, la delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, quien lideró la carta junto a Grijalva.
En una carta enviada en agosto pasado, una docena de organizaciones civiles solicitó al presidente Joe Biden que condene públicamente la jurisprudencia de los Casos Insulares.
“Es momento de pasar la página”, dijo el miércoles el cofundador de la organización Right to Democracy, Neil Weare, quien se preguntó a que se refirió recientemente el Departamento de Justicia cuando expresó que hay “aspectos indefendibles y repugnantes” en los Casos Insulares, lo que implica que otros no lo son.
La cofundadora de Right to Democracy, la puertorriqueña Adi Martínez Román, sostuvo que urge tachar una jurisprudencia que describió como ‘salvajes e incivilizados’ a los residentes de los territorios, con el propósito de defender que “se les podía negar derechos constitucionales básicos y la autodeterminación”.
Tanto Weare como Martinez Román destacaron que aunque al otro día que el Tribunal Supremo estadounidense anule la jurisprudencia, el poder del Congreso sobre los territorios quedará intacto, sí habrá un mensaje importante para funcionarios, políticos y ciudadanos en general. “No queremos otra generación en los territorios que no pueda ejercer sus derechos políticos y la libre determinación sobre cual debe ser su relación con Estados Unidos”, sostuvo Martínez Román, profesora de Derecho y activista comunitaria.
El pasado día 9, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, envió una carta parecida a la de los congresistas al secretario Garland y la Oficina del Procurador General, en la que sostiene que Estados Unidos se distanció de su fundación anticolonial con la firma del Tratado de Partís que puso fin a la Guerra Hispanoamericana.
“Hoy en día, los residentes de los territorios pagan más de $3,000 millones en impuestos federales y sirven en el ejército a tasas que exceden las de cualquier estado, pero están excluidos de los beneficios federales que salvan vidas, incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario (”SSI”) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las tasas de pobreza en los territorios de Estados Unidos oscilan entre aproximadamente el 23% y el 60%, en comparación con la tasa de pobreza nacional de aproximadamente el 11%. Todo esto ha contribuido a una disminución demográfica de dos dígitos en todos los territorios, perturbando comunidades y separando familias”, sostuvo Quilichini.
Los Casos Insulares “son la fundación de una relación colonial que socava la causa de la libre determinación” de los territorios, sostuvo Alejandro Ortiz, asesor legal sénior del Programa de Justicia Racial de la ACLU y quien estuvo presente en la conferencia de prensa.
Glenn Magpantay, uno de los comisionados de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, asistió a la conferencia de prensa en su carácter individual y destacó el hecho de que su organización esté examinando el tema y creado una comisión asesora, por vez primera, para cada territorio, incluido Puerto Rico.
En febrero pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos – sin aun hacer sus propias recomendaciones –, publicó un memorando sobre el proceso que tiene en marcha para examinar el impacto de la doctrina de los Casos Insulares y el status de territorio no incorporado sobre los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico, luego de una vista pública en San Juan en mayo de 2023.
“Daríamos la bienvenida a propuestas para rectificar las injusticias históricas que representan (los Casos Insulares) eliminando políticas que discriminan a los residentes de territorios estadounidenses en lo que respecta a los beneficios y derechos públicos que reciben otros ciudadanos estadounidenses”, dijo, por su parte, la presidenta de Latino Justice-PRLDEF, Lourdes Rosado.
Otras organizaciones que también han abogado por la anulación de los Casos Insulares son la Federación Hispana, NAACP, Lambda Legal Defense and Education Fund; Brennan Center for Justice; Center for Popular Democracy; Human Rights Campaign; Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, Asian American Legal Defense and Education Fund; y Dēmos.
