Albania inició la construcción de campos de detención de inmigrantes a finales de marzo, de conformidad con el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con la premier derechista italiana, Giorgia Meloni. Estos campos se construirán con fondos asignados por Italia, en territorio albanés, y serán administrados bajo jurisdicción italiana.
Este campo es parte de la política de “externalización de fronteras” que varios de los principales países europeos firmaron con otras naciones para expulsar a los migrantes.
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De esta manera los inmigrantes interceptados en la costa italiana ahora pueden ser arrestados por la policía italiana antes de ser “conducidos” al puerto albanés de Shëngjin, en el norte del país. En el puerto, un primer centro de detención clasificará a los inmigrantes antes de distribuirlos en furgonetas de la policía albanesa, que los llevarán a dos campos de detención en Gjader, una ciudad situada a 20 kilómetros del puerto.
En Gjader, el primer centro de detención se dedicará a alojar a los solicitantes de asilo en espera de la tramitación de sus expedientes, mientras que el segundo, construido en el mismo terreno, servirá como centro de detención para los exiliados que no cuentan con papeles en trámite, quienes serán expulsados en vuelos charters. Estas prisiones para extranjeros, con muros de siete metros de altura para impedir la fuga de los inmigrantes, estarán custodiadas por la policía albanesa.
En un contexto en el que los criterios para el reconocimiento del asilo en Europa estarán fuertemente restringidos por el Pacto de Asilo e Inmigración, el objetivo es facilitar las expulsiones y endurecer aún más el ya escandaloso trato a los exiliados mediante un nuevo proceso represivo. Una política que continúa la lógica de externalización de fronteras iniciada con el acuerdo UE-Turquía de 2016 y que no ha dejado de intensificarse en los últimos meses.
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Estos centros, financiados por el gobierno de Meloni y cuyos costes de construcción y funcionamiento se estimarían entre 650 y 750 millones de euros en cinco años, tendrían una capacidad de acogida de 3.000 personas cada uno, con el objetivo de “tratar” 39.000 solicitudes al año.
Una nueva práctica de campos de concentración en las fronteras de la UE, denunciada por ONG como Amnistía Internacional, que señala prácticas “deshumanizantes” que profundizarán “los peligros en el mar” para aquellas embarcaciones con migrantes que busquen llegar a Europa y tengan que evitar a cualquier precio ser encontradas por buques de guerra o de prefectura italianos.
El acuerdo entre la ultraderecha italiana de Giorgia Meloni y el primer ministro albanés Edi Rama no es anecdótico. En realidad, forma parte de una ofensiva xenófoba y de una militarización de las fronteras a escala europea. Ya sea a nivel nacional, con el refuerzo de las fronteras a nivel de cada Estado miembro y la adopción de leyes particularmente reaccionarias como la ley de inmigración en Francia, o a nivel de la UE, con la aprobación del Pacto Europeo sobre Migración y su batería de medidas represivas.
A medida que el discurso antiinmigración prolifera en Europa con el apoyo de gobiernos que van desde la izquierda hasta la extrema derecha, la lucha contra estas políticas debe ser una cuestión central para las y los trabajadores. El cierre de fronteras tiene como objetivo sobre todo debilitar y precarizar aún más a la fuerza laboral indocumentada, que sigue siendo esencial para los empleadores.
