La jueza distrital de los Estados Unidos, Susan Bolton, es quien lleva adelante las audiencias sobre los siete juicios interpuestos para frenar la implementación de la ley fijada para el 29 de julio.

Entre estas está incluída la demanda realizada por el Gobierno Federal y por organizaciones de derechos civiles que buscan bloquear su efectivización.

Sin embargo, el martes, el gobierno de Arizona presentó una contrademanda en la que sostiene que tiene el derecho de colaborar con la Casa Blanca en la defensa de la frontera con México.

La ley fue aprobada por la mayoría conservadora republicana (opositora al gobierno del demócrata Barack Obama) y promulgada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril.

La ley "interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración", precisó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Además del Gobierno federal, un grupo de organizaciones civiles que se oponen a la legislación denominada "SB 1070" presentaron otras demandas "principalmente por su carácter discriminatorio".

La calificación de "discriminatorio" es porque la ley permite clasificar físicamente a los inmigrantes ilegales y llevarlos detenidos en caso de no llevar consigo deocumentación que acredite su estancia legal en el país.

Este aspecto de la norma generó también el apoyo de otras naciones latinoamericanas que expresaron su rechazo a la Corte de Arizona a través del recurso de un "amicus curiae" o "amigos de la corte".

Con el liderazgo de Argentina y de Ecuador, tanto Bolivia como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú se unieron a la figura de "amigos de la corte" presentada inicialmente por México